Culiacán, Sin (RI Noticias).- La Coordinación Organizadora de la Unidad Campesina (COUC) en Sinaloa expresó su respaldo al recién anunciado Plan Nacional de Comercialización Justa, Directa y Sustentable del Maíz, al considerarlo un avance fundamental en el fortalecimiento del campo mexicano, sin embargo, también lanzó un llamado urgente a institucionalizar este tipo de iniciativas a través de una ley que brinde estabilidad a largo plazo.
Agustín Espinoza Lagunas, secretario general de la COUC, destacó que el enfoque del programa en asegurar un precio superior a los seis mil pesos por tonelada para los pequeños productores representa un paso necesario para dignificar el trabajo de miles de campesinas y campesinos y señaló que esta medida es congruente con los objetivos de la Cuarta Transformación en materia de autosuficiencia y soberanía alimentaria.
“Valoramos el esfuerzo del Gobierno de México y de la Secretaría de Agricultura por atender una problemática estructural que ha mantenido en incertidumbre a nuestros productores. La falta de articulación entre producción, acopio y consumo, así como la escasez de servicios técnicos y financieros”, expresó Espinoza Lagunas.
No obstante, subrayó que la preocupación principal de la organización es que el plan no se quede como una acción de coyuntura o limitada a un sexenio, como ha ocurrido con otras políticas públicas que, pese a sus buenas intenciones, no lograron perdurar por falta de un respaldo legal firme por lo que insistió en que estos mecanismos de comercialización justa deben plasmarse en una ley que garantice certeza a largo plazo para los productores de granos como el maíz, el sorgo y el trigo.
En ese sentido, Espinoza propuso retomar y fortalecer la iniciativa de una legislación similar a la Ley Cañera, que ha brindado estabilidad al sector azucarero, pero adaptada a las condiciones y necesidades de los productores de granos.
Finalmente, el líder campesino llamó a las autoridades federales y al Congreso a considerar seriamente esta propuesta para que el Plan Nacional de Comercialización Justa del Maíz no quede como una buena intención, sino que se traduzca en derechos protegidos por la ley.
