Cientos de personas salieron a las calles en tres de las principales ciudades de Texas la noche del lunes para apoyar las protestas contra las redadas migrantes en Los Ángeles.
En Austin y Dallas, las manifestaciones se alargaron hasta el anochecer y terminaron en enfrentamientos con la Policía local, después de que las autoridades declararan las protestas como “asamblea ilícita”, según informaron medios locales.
En Austin, la capital del estado, los manifestantes marcharon hacia la oficina local del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), donde la Policía y agentes del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) intentaron dispersarlos con gas pimienta y balas de goma. Varias personas fueron arrestadas.
En Dallas, por su parte, la Policía comenzó a dispersar a los manifestantes sobre las 22:00 h local y también lanzó gas pimienta contra las personas que cargaban pancartas con mensajes como “nadie es ilegal” o “fin a las políticas de deportación”.
El gobernador de Texas, el ultraconservador Greg Abbott, es un aliado cercano de la Administración de Donald Trump y ha dado su apoyo a las políticas antimigrantes, incluida la respuesta militarizada a las protestas en California.
“Se está llevando a cabo un asalto organizado contra los agentes del orden, es hora de que se acabe y de permitir a los federales hacer cumplir las leyes del país”, escribió Abbott en su cuenta de la plataforma X este fin de semana.
Los Ángeles entra este martes en su quinto día en tensión, después de que las manifestaciones contra las redadas de ICE derivaran en enfrentamientos con la Policía, con brotes de violencia, vehículos incendiados y cientos de personas arrestadas.
El presidente ordenó el despliegue de 2 mil efectivos de la Guardia Nacional en la ciudad sin solicitar autorización al gobernador, un hecho sin precedentes en las últimas seis décadas.
A su vez, Trump señaló hoy que, de ser necesario, invocará la Ley de Insurrección, promulgada en 1807, para disolver las protestas de manera militar. Este estatuto otorga al presidente la facultad de desplegar al Ejército para reprimir episodios de desorden civil y se considera uno de los poderes de emergencia más contundentes en el país.
