Los presidentes del Senado de la República y de la Cámara de Diputados solicitaron formalmente al Instituto Nacional Electoral (INE) la cancelación del registro de 18 candidaturas en las elecciones judiciales que se llevarán a cabo el 1 de junio.
En un comunicado expusieron que las 18 personas enlistadas no cumplen con el requisito constitucional de “gozar de buena reputación“, por estar vinculadas a investigaciones penales federales vigentes, incluyendo delitos graves como abuso sexual, peculado, amenazas, lesiones y delincuencia organizada.
Además, que ocho candidaturas más no cumplen con el promedio general de calificación en licenciatura de cuando menos ocho puntos.
En la nota se apuntó que el informe presentado “acredita la existencia de carpetas de investigación y órdenes de aprehensión contra algunas de estas personas”.
Y también se documenta que algunas de ellas “han actuado como defensores de individuos relacionados con el crimen organizado“, lo cual compromete su imparcialidad y representa un conflicto de interés.
“La elección por voto popular no exime del cumplimiento de los requisitos éticos y constitucionales para acceder a la función judicial”, señaló Gutiérrez Luna e insistió en que la idoneidad no es solo una cuestión legal, sino un imperativo ético para proteger la legitimidad del Poder Judicial.
Por otra parte, en las candidaturas impugnadas por elegibilidad académica que corresponden a cargos de juezas, jueces y magistrados en distintos circuitos y salas del país, los promedios documentados van de 7.0 a 7.93.
“Esto afecta directamente la idoneidad de las personas aspirantes y demuestra un incumplimiento de las bases legales del proceso”, dijo.
“La exigencia académica no es un trámite, sino un parámetro mínimo de calidad profesional y ética”, agregó Gutiérrez Luna.
Finalmente, solicitaron al INE proceder a la cancelación de los registros de estas candidaturas para, dijeron, “preservar la integridad, imparcialidad y confianza pública en quienes serán responsables de impartir justicia en el país.
El pasado 23 de abril, Fernández Noroña, avisó que la Cámara Alta impugnaría ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a una veintena de candidatos a juzgadores, en la elección del próximo 1 de junio, presuntamente ligados al narcotráfico.
Un día antes, Fernández Noroña expuso a medios que habían “detectado algunos defensores de narcotraficantes que están queriendo acceder” al Poder Judicial mediante las elecciones judiciales.
El 1 de junio de 2025, México tendrá su primera elección al Poder Judicial, cuando un récord de 99.7 millones de votantes están llamados a elegir por primera vez 881 cargos de entre 3 mil 422 candidatos, que incluyen la Suprema Corte, el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial y el Tribunal Electoral.
Las campañas, que comenzaron el pasado 30 de marzo y terminarán el 28 de mayo, han tenido alertas de la oposición, organismos internacionales como la ONU, actuales jueces y asociaciones civiles de una posible intromisión del Poder Ejecutivo y del crimen organizado en los comicios.
