El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, reconoció este martes que en las listas de candidatos a jueces entregadas por los Poderes Legislativo y Judicial, para las elecciones judiciales del 1 de junio, se incluyeron candidatos que han defendido a narcotraficantes.
“Sí, hemos detectado, por ejemplo, algunos defensores de narcotraficantes que están queriendo acceder. No deberían participar, no cumplen con la exigencia constitucional de probidad; me parece que sí hay algunos casos que deberían (retirarse)”, declaró Fernández Noroña a medios, aunque no precisó cifras ni nombres.
Ante este escenario, Fernández Noroña llamó al Instituto Nacional Electoral (INE) a cancelar sus registros.
“Y no deberían esperar a que haya sido la elección, creo que debería retirársele el registro a quienes no cumplen”, añadió.
Además, consideró que “sería desafortunado que un defensor de narcos acreditado o un juez que ha liberado a narcos, acreditado, con una conducta sistemática (llegue a ser juez o magistrado)”.
Por ello, remarcó que “debería ser antes de la elección cuando tomen esas determinaciones”.
Fernández Noroña aceptó que los Poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo fueron los responsables de hacer esa revisión “y se hizo la revisión y no es ninguna doble intención, pero la mayoría, los tenemos contabilizados, la mayoría son del Poder Judicial, pero sí hay alguno del Poder Legislativo”.
“Yo creo que es el momento de retirar candidaturas que no cubran el requisito, tampoco son muchas y creo que hay, y se abren además a que la ciudadanía haga señalamientos deben resolverlo antes de la elección. Yo no veo la razón para que se esperen hasta que haya habido el proceso electoral”, finalizó.
La elección judicial del 1 de junio, a la que están llamados un récord de 99.7 millones de votantes, permitirá a 3 mil 422 ciudadanos competir en unos comicios por uno de los 881 cargos en juzgados, tribunales, el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, el Tribunal Electoral y la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Las campañas para la polémica elección están en marcha, durarán 60 días hasta el 28 de mayo, en medio de alertas de la oposición, de organismos internacionales, de actuales jueces y de asociaciones civiles de una posible intromisión del Ejecutivo y del crimen organizado en los comicios y, por ende, en la justicia.
