Culiacán, Sin (RI Noticias).- El reciente anuncio de Estados Unidos sobre la imposición de un nuevo arancel del 20.91% al tomate mexicano ha generado preocupación entre productores y legisladores, particularmente en Sinaloa, entidad que lidera las exportaciones del fruto con el 41.5% del total nacional.
El diputado priista Bernardino Antelo advirtió que esta medida pone en desventaja a los productores mexicanos frente a otros competidores internacionales, afectando especialmente a estados exportadores como Sinaloa, Jalisco, Sonora, Guanajuato y Puebla.
“Esto nos pone de nuevo en otro renglón también en desventaja con otros competidores como ustedes bien saben Sinaloa es un estado productor de tomate y bueno pues esto nos va a poner en un entredicho muy importante”
Antelo hizo un llamado al Gobierno Federal para que establezca un diálogo directo con las autoridades del país vecino, a fin de revisar los acuerdos comerciales y proteger al campo sinaloense, además de que se necesita que las áreas de economía y relaciones exteriores actúen ya para defender a los productores.
Además, el legislador pidió a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y al Gobierno Federal voltear a ver la crisis hídrica que atraviesa Sinaloa. Señaló que es urgente actualizar el sistema de distribución de agua potable y sancionar la extracción indebida de canales por parte de algunos agricultores.
Por su parte, la diputada priista Irma Moreno se sumó a la exigencia de apoyo al campo sinaloense y pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum a no escatimar recursos para la entidad.
“Nos solidarizamos con los horticultores. Es una situación muy seria. Cuando no es una amenaza, es otra. Estados Unidos incumple tratados y parece que no pasa nada”, dijo.
Moreno recordó que ya existía un acuerdo para evitar aranceles al tomate, pero nuevamente se impone una barrera comercial que pone en riesgo más de mil 300 millones de dólares en exportaciones de Sinaloa.
“No aguantamos más. Esto es un golpe directo a miles de familias que dependen del tomate”, lamentó.
Ambos legisladores coincidieron en que es urgente una respuesta firme, política y diplomática, para proteger al campo mexicano y evitar que se repitan este tipo de medidas.
