Mazatlán, Sin. (RI Noticias).- El pago de la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU) correspondiente a 2025 deberá realizarse entre el 1 de abril y el 30 de mayo para empresas constituidas como personas morales (bajo el Régimen General de la Ley del ISR).
Para personas físicas con actividad empresarial, el plazo se extiende hasta el 29 de junio. Así lo establece la Ley Federal del Trabajo (LFT), que regula este derecho en todo México.
Carlos Alberto Lugo Cervantes, titular de la Delegación de Trabajo y Previsión Social en la zona sur de Mazatlán, explicó que las empresas están obligadas a destinar el 10% de sus utilidades netas al reparto entre sus trabajadores, siempre que hayan reportado ganancias anuales superiores a 300,000 pesos, conforme a la LFT (dato vigente hasta 2024, sujeto a ajustes en 2025).
El monto se divide en dos partes: una se distribuye equitativamente con base en los días laborados en 2024, y la otra proporcionalmente al salario percibido, con un límite máximo de tres meses de salario o el promedio de las utilidades recibidas en los últimos tres años, lo que resulte más favorable al trabajador.
“La empresa está obligada a pegar un oficio donde informe si hubo o no utilidad. Esto permite que el trabajador acuda al área de recursos humanos para recibir su pago correspondiente”, detalló Lugo Cervantes.
En caso de que un empleador argumente que no generó utilidades, la declaración anual ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) servirá como prueba. Si el trabajador sospecha de una omisión, puede presentar una denuncia anónima ante la delegación para que se realice una inspección.
Lugo Cervantes agregó que están exentas de este reparto empresas de nueva creación en su primer año, instituciones públicas y algunas organizaciones sin fines de lucro, conforme a la LFT.
Los sectores con mayores registros de reparto de utilidades en Mazatlán incluyen la construcción, hotelería y restaurantero, impulsados por el dinamismo turístico y económico de la región. Además, la delegación ha identificado a más de 30 trabajadores sin seguridad social en estos sectores, logrando su incorporación al IMSS tras inspecciones realizadas en lo que va del año.
Los trabajadores que no reciban su pago en las fechas establecidas tienen hasta un año para reclamarlo ante la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET) o la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, ambas con oficinas en Sinaloa.
