Habitantes indígenas de 13 municipios de Chiapas se oponen al proyecto de la autopista San Cristóbal–Palenque, un proyecto federal que tiene inicio en el municipio donde actualmente vive el expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), Palenque, hasta San Cristóbal de Las Casas.
Los pueblos y comunidades indígenas tzeltales, tzotziles y pueblo mestizo alzaron la voz para rechazar el proyecto y anunciaron que interpusieron dos amparos.
“Se presentaron dos amparos. ¿En qué sentido? Un primer amparo reclamando la inconstitucionalidad de esos lineamientos y otro por no respetar el derecho a una consulta libre, previa e informada”, dijo a medios Fernanda Santos, académica de la universidad IBERO Puebla y abogada especialista en género y derechos humanos.
El anuncio de las comunidades tzotziles, choles y tzeltales ocurrió unas horas después de que el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, informó que en una consulta que se llevó a cabo el pasado 23 de marzo, en la que participaron 39 mil personas, se decidió que la obra, de la que no se ha anunciado la inversión, se ponga en marcha.
Además, señalaron que esta consulta estuvo viciada por “irregularidades y falta de transparencia” pues no se garantizó una participación libre, previa e informada, violando así los derechos de los pueblos originarios establecidos en el artículo 2 de la Constitución mexicana.
Tras dejar la Presidencia de México, el 30 de septiembre, López Obrador se fue a vivir a una finca ubicada en Palenque, Chiapas, un plan de vida que repitió decenas de veces durante su mandato.
Pascual Vázquez Aguilar, vocera del Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (Modevite), declaró que “desde sus orígenes, dicha autopista ha sido un proyecto discriminatorio, racista y excluyente” de quienes trabajan la tierra y habitan el territorio.
Los habitantes de las comunidades donde pasará el trazo señalaron que el gobierno de Chiapas y el Gobierno federal, que lidera la presidenta Claudia Sheinbaum, han llevado a cabo estudios de suelo “sin consentimiento y sin proporcionar información sobre los fines de estos análisis”.
Además, denunciaron que algunas comunidades han recibido amenazas de parte de ingenieros y delegados de gobiernos encargados de los estudios, quienes advierten que, de no permitir su trabajo, regresarán acompañados del grupo de la Policía Estatal, generado temor en la población.
La falta de información oficial ha sido una constante, ya que incluso la convocatoria para la consulta se realizó a última hora, a través de redes sociales, sin utilizar los mecanismos de comunicación aprobados por las comunidades.
Entre las demandas de los afectados destacan: respeto a sus derechos como pueblos originarios, detención del despojo de sus tierras y recursos, y transparencia en la información sobre el impacto ambiental y cultural del proyecto.
Así también piden la publicación del presupuesto y la procedencia de los fondos de la autopista, resultados detallados de la consulta por comunidad y municipio.
Los pueblos afectados reiteran que no están contra el desarrollo, pero advierten que este no puede llevarse a cabo a costa de su territorio y su modo de vida, sino a través del respeto y el diálogo justo.
