Las personas trans en México afrontan barreras institucionales y económicas para acceder a sus tratamientos de género a pesar de las reformas legales en 22 de las 32 entidades del país, por lo que muchas se automedican o usan métodos que ponen en peligro sus vidas.
Ante la actual semana de la Visibilidad Tran, la activista Victoria Morales contó a EFE que hace una década enfrentó obstáculo durante su proceso de transición en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde se encontró con desinformación y estigmatización.
“Estaba solicitando un acompañamiento hormonal a través de un endocrinólogo y me mandaron a hacer pruebas de VIH, que sí corresponde, pero principalmente fue el estigma, posterior a eso me pusieron (diagnóstico de) ‘transexualidad crónica’, pero no hay ese término”, dijo la acompañante de mujeres trans.
La activista de Jalisco expuso que, tras dos años de constatar la falta de protocolos y un acompañamiento deficiente, optó por realizar su transición en el sector privado, que supone gastos de hasta 3 mil 500 pesos mensuales por cerca de nueve años.
“No todas (las personas trans) tienen la posibilidad o inclusive no todas tienen la oportunidad de un trabajo de manera formal. Actualmente, en México, la tasa de desempleo de mujeres trans es de 90 por ciento. Entonces, es una desventaja que no todas las mujeres trans puedan tener (recursos) para transicionar”, señaló.
En México, 5 millones de personas se identifican de forma oficial como LGBTI, y más de 316 mil como transgénero o transexual, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Esta población tiene entre 5 y 19 por ciento mayor probabilidad de que se les niegue un empleo, aunque las mujeres trans son las más afectadas, según la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género.
Pocas opciones
La organización Human Rights Watch (HRW) publicó un mapa que reconoce los avances de los derechos trans en 22 entidades de México que ya legislaron el derecho a la identidad de género y rectificación de documentos, pero advierte de desafíos para que esta población goce plenamente de sus derechos en todo el país.
Morales coincide con Carlos Becerra, secretario general de la organización Unión Diversa en Jalisco, en que, aunque en el sector público hay avances en los protocolos de atención de esta población, los tiempos de espera pueden ser largos y los médicos no siempre están capacitados.
Mientras en el sector privado, señalan, los especialistas en transición de género son escasos y los costos de sus consultas son elevados.
Ante la falta de acceso a tratamientos formales, muchas personas trans, recurren a la automedicación u hormonización para modificar y dar volumen a ciertas áreas del cuerpo, incluyendo biopolímeros o sustancias no reguladas baratas desde aceite de bebé hasta aceites usados en aviones.
“Ellas solas se inducen a entrar hasta un litro o dos litros de cadera, de pechos y tarde que temprano el tejido empieza a ser necrosado. Y cuando caen en la enfermedad, caen en el sector público que no tiene estos protocolos adecuados de cómo atender y algunas de ellas mueren”, afirmó la activista.
Nuevos protocolos
Raúl Villaroel, Blanca Villaroel y Olivia Higareda impulsan desde hace seis años la Unidad de Medicina Sexual en el Hospital General de Occidente en Zapopan, en Jalisco, donde han acompañado a 150 personas en su transición de género bajo un protocolo que promete respetar sus derechos humanos.
Blanca Villaroel, actual coordinadora de la unidad, explicó que el protocolo es multidisciplinar y a la medida de la persona que acude con seguimiento en endocrinología, infectología, salud mental, salud sexual y reproductiva, ginecología u urología y reciben personas de cualquier parte del país.
“En cualquier momento que lleguen, si es con la duda, con la identidad asumida, con la identidad (ya experimentada), que también ha pasado, que ya la pusieron a prueba y siempre no (continúan con ella), porque no funcionó, cualquiera de esos escenarios y cualquier otro pueden acudir. No hemos tenido un criterio de exclusión”, expresó.
