Hace un año, la polémica reforma judicial ideada por Morena parecía un horizonte inalcanzable incluso dentro de las filas del oficialismo. Tras las elecciones del año pasado en las que el partido de Andrés Manuel López Obrador arrasó en las urnas y se hizo con el control absoluto del Congreso, la ambiciosa enmienda fue aprobada y ahora está en su fase de implementación. Es un hecho: México será este año el primer país que votará a todos sus jueces en las urnas. La selección de candidatos a un cargo judicial quedó en manos de los tres poderes de la Unión: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que conformaron, cada uno, Comités de Evaluación para procesar las miles de postulaciones. Las apuestas finales de la Judicatura quedaron definidas el jueves pasado. El Ejecutivo hará su selección este domingo. El Congreso la llevará a cabo el martes. Con las tres selecciones quedarán integradas las boletas que los mexicanos usarán en los inéditos comicios del próximo 1 de junio, en los que estarán en juego cerca de 900 cargos judiciales, entre jueces de distrito, magistrados de circuito y electorales, ministros del Supremo y magistrados del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial.
El trayecto hasta este punto ha estado marcado por las tensiones entre el partido gobernante y los jueces, los principales afectados por la enmienda constitucional. Ni las protestas en las calles de los funcionarios judiciales ni las renuncias de la mayoría de los ministros de la Suprema Corte hicieron recular a Morena. El Ejecutivo, primero con López Obrador y ahora con Claudia Sheinbaum, la presidenta, ha señalado una y otra vez que el Poder Judicial es corrupto y está capturado por los conservadores y las élites, en perjuicio del pueblo. El argumento de que la Judicatura necesitaba una demolición y reconstrucción es la base primordial de la reforma.
En el más reciente episodio de la confrontación, el Tribunal Electoral (TEPJF) le quitó a la Judicatura la facultad de elegir a sus candidatos y la delegó en el Senado, dominado por Morena. El Poder Judicial había detenido el cribado de aspirantes luego de que un juez de amparo ordenó a los tres poderes frenar el proceso. Solo el Judicial acató la instrucción. El Tribunal Electoral, controlado por una mayoría oficialista, destrabó la parálisis a favor de Morena. El pasado jueves, el Senado seleccionó a los candidatos de la Judicatura mediante un sorteo parecido al de la lotería, como se estableció en la Constitución tras la enmienda.
La toma de relevo no fue amistosa. El presidente de la mesa directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, acusó al Poder Judicial de manipular las listas para que ciertos perfiles, principalmente las mujeres, tuviesen pase directo a la boleta sin someterse a la insaculación. También señaló que la Judicatura añadió de último momento nombres de aspirantes a los listados. Pasando por encima de la norma que prohíbe a los funcionarios inmiscuirse en la elección judicial, Noroña, que milita en el bloque oficialista, llamó a los ciudadanos a no votar a los candidatos postulados por el Poder Judicial (en las boletas, al lado del nombre de cada aspirante, se indicará cuál de los tres poderes le ha propuesto). La presidenta Sheinbaum se ha unido al coro y ha señalado que la actuación de la Judicatura ha sido “totalmente irregular”.
Con todo, los primeros nombres de candidatos ya son firmes. A la espera de los sorteos por venir del Ejecutivo y el Legislativo, es un hecho que en la boleta de candidatos a ministros del Supremo aparecerá, por ejemplo, Paula García Villegas Sánchez Cordero, hija de Olga Sánchez Cordero, exministra de la Suprema Corte que se convirtió en senadora de Morena en el sexenio de López Obrador. También figurará la abogada Marisela Morales, que fue titular de la Fiscalía General de la República entre 2011 y 2012, en el último año del gobierno de Felipe Calderón (PAN). También han asegurado su lugar, en la elección para el Tribunal Electoral, la exconsejera del INE Adriana Favela y la exmagistrada electoral Gabriela Villafuerte.
El Ejecutivo y el Legislativo probarán su suerte con perfiles cercanos a Morena. Entre sus cartas fuertes a la Suprema Corte aparecen Estela Ríos, que fue consejera jurídica en la presidencia de López Obrador; Bernardo Bátiz, un abogado que ha colaborado durante más de dos décadas con el exmandatario; y Jaime Cárdenas, exconsejero del INE y exdiputado, esposo de Luz Mijangos, titular de la Fiscalía Anticorrupción de la FGR. Para llegar al Tribunal de Disciplina —que vigilará la conducta de los jueces— se han anotado la hija de Bátiz, Susana Bátiz Zavala, y Celia Maya, excandidata del oficialismo a la gubernatura de Querétaro.
