Mazatlán, Sin (RI Noticias).- El director del Observatorio Ciudadano de Mazatlán, Gustavo Rojo, reveló en conferencia de prensa los avances de una denuncia presentada en 2020 contra la designación y ratificación de Rafael Padilla Díaz como titular del Órgano Interno de Control del municipio.
El proceso ha culminado su etapa de investigación y sustanciación y actualmente se encuentra en el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, que será el encargado de emitir las sanciones correspondientes.
La denuncia, presentada en noviembre de 2020, señala que la designación de Padilla Díaz, impulsada por la entonces síndica procuradora Lourdes Sarabia López y avalada por el Cabildo en 2017 y 2020, incumplió los requisitos legales.
En particular, se le acusa de no contar con la experiencia mínima de cinco años en control, manejo o fiscalización de recursos, como lo exige la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa.
La Auditoría Superior del Estado (ASE) concluyó que esta designación representa una falta administrativa grave, definida como contratación indebida en las leyes General y Estatal de Responsabilidades Administrativas.
El 15 de enero de 2025, la ASE llevó a cabo una audiencia inicial en la que comparecieron exfuncionarios municipales, incluyendo al exalcalde Luis Guillermo Benítez Torres y otros miembros del Cabildo de aquella administración. Tras analizar las pruebas presentadas, el expediente fue remitido al Tribunal de Justicia Administrativa para la resolución final.
Rojo advirtió sobre una situación similar en la actual administración municipal, donde se discute la designación de un nuevo titular del Órgano Interno de Control sin respetar los procedimientos establecidos. Según el Observatorio Ciudadano, la actual síndica procuradora ha manifestado su intención de seleccionar perfiles y proponerlos al Cabildo sin emitir una convocatoria formal, argumentando que el reglamento municipal no puede prevalecer sobre la Ley de Gobierno Municipal.
Sin embargo, señaló que también se debe observar la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que tiene prioridad al ser de orden público y aplicación nacional.
“Es fundamental que las autoridades respeten las leyes y procedimientos establecidos para evitar irregularidades y garantizar la transparencia en la administración pública,” concluyó.
