Morena en el Congreso de la Ciudad de México negó que busque prohibir los desalojos e incentivar la invasión de la propiedad privada. Lo anterior, después de que el vicecoordinador del PAN, Orlando Garrido, señalará que los morenistas buscan legalizar en caso de emergencia no se puede desalojar a los inquilinos morosos o invasores de predios.
En entrevista la diputada de Morena, Martha Ávila, señaló que -la iniciativa para reformar el artículo 60 de la Ley Constitucional de Derechos Humanos – tiene como objetivo garantizar que los desalojos se lleven a cabo únicamente bajo un mandamiento judicial, tal cual lo marca la ley actualmente.
Es decir, expresó “que lo único que se considera es proteger a las personas frente a desalojos arbitrarios”. Además, dijo que está orientada a reforzar la protección de los derechos humanos, especialmente en el contexto de los desalojos forzosos.
“No se propone ninguna disposición que fomente, legitime o permita la ocupación de propiedades privadas sin consentimiento ni marco legal”, puntualizó.
Ante desalojos, personas deben ser escuchadas
Señaló que cuando hay un desalojo se debe respetar el que las personas afectadas sean escuchadas, así como a participar en una mediación y conciliación antes del proceso.
Añadió que buscan proteger a las personas de arbitrariedades como: desalojos sin formalidades esenciales y bajo condiciones de emergencia (pandemias); de igual forma, señaló, se debe brindar protección a grupos vulnerables ante esta acción.
“La reforma no elimina ni vulnera este derecho; al contrario, establece que cualquier desalojo debe ser ordenado por un juez y realizado bajo el debido proceso”, manifestó.
La propuesta de su homóloga, Valentina Batres, Ávila Ventura refirió toma en cuenta definiciones y lineamientos internacionales del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, que señalan que “los desalojos sólo pueden llevarse a cabo en circunstancias excepcionales, con alternativas habitacionales y compensación justa”.
“La esencia de la reforma radica en reconocer que el derecho a la vivienda es un pilar fundamental para una sociedad justa y equitativa. No se trata de despojar a los propietarios, sino de evitar que las personas en situación de vulnerabilidad sean despojadas de su dignidad y derechos sin las garantías adecuadas”, concluyó.
