La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dejó en claro que se trabajará para tener una buena relación con el Gobierno de Donald Trump, quien este lunes asume como nuevo presidente de los Estados Unidos.
En la conferencia matutina de Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo aseguró que su Gobierno está preparado ante las nuevas medidas que tomará Trump en las próximas horas.
“Estamos preparados, estamos listos, aunque obviamente hay que esperar lo que vaya a decir (Donald) Trump en su toma de protesta (como presidente de Estados Unidos)”, señaló
Y como siempre decimos, tenemos la certeza de que vamos a llegar a un acuerdo con el gobierno del presidente Trump”, refirió.
La presidenta adelantó que buscará que el nuevo Gobierno de EE.UU. conserve algunas políticas migratorias implementadas por el presidente saliente de Estados Unidos, Joe Biden, como la aplicación ‘CBP One’ de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, que permite solicitar asilo desde México.
“Un esquema que se llama ‘CBP One’, no sabemos si va a permanecer o no, pero lo que nosotros queremos es que, si desaparece, se establezca algo similar, porque ha tenido resultados”, mencionó.
Adelantó que su Gobierno entrará en contacto con el equipo de Trump, una vez que éste sea investido como mandatario estadounidense.
“Nuestro objetivo es que una vez que tome de posesión, entrar en contacto con su equipo, que ya ha habido alguna comunicación informal, dado que todavía no toman posesión”, expresó.
“Sabemos que va a haber un acuerdo en los distintos temas. de todas maneras, es importante que se conozca que México ha estado trabajando en una estrategia para todos aquellos migrantes que quieran llegar a Estados Unidos”, agregó.
La mandataria confió en que llegará a acuerdos con Trump, quien ha advertido de que una de sus primeras órdenes será imponer aranceles del 25 por ciento a los productos mexicanos si México “no frena la invasión” de migrantes y drogas, en particular el fentanilo.
Trump también ha prometido que en los primeros días de su mandato comenzarán las deportaciones masivas, que afectarían en particular a México, origen de cerca de la mitad de los 11 millones de indocumentados en Estados Unidos y cuyas remesas representan casi el 4 por ciento del producto interior bruto (PIB) mexicano.
