Los oficiales de inmigración se sentaron en sus vehículos antes del amanecer cerca de un edificio de dos pisos. Una línea del metro de Nueva York retumbaba sobre ellos, luego la voz de un oficial crepitó por la radio. Después de observar durante aproximadamente dos horas, dijo: “Creo que ese es Tango”, usando el código para el objetivo. “Sudadera gris. Mochila. Camina rápido”.
Los oficiales de inmigración rodearon y esposaron a un hombre de 23 años de Ecuador que había sido condenado por agredir sexualmente a un menor.
Kenneth Genalo, jefe de Operaciones de Cumplimiento y Remoción para el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas en Nueva York (ICE), dijo que un concepto popular pero erróneo es que los oficiales pueden irrumpir en una comunidad y recoger a un amplio grupo de personas que están en Estados Unidos ilegalmente y enviarlas a sus países de origen.
“Se llama cumplimiento dirigido”, dijo Genalo. “No agarramos a las personas y luego las llevamos a JFK para ponerlas en un avión”.
Con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, hay un intenso interés en cómo el republicano llevará a cabo su agenda de inmigración, incluida una promesa de campaña de deportaciones masivas. Sus prioridades podrían enfrentarse a las realidades de los agentes de inmigración, incluida la unidad en Nueva York que ofreció a The Associated Press un vistazo a sus operaciones: El número de personas ya en sus listas supera el número de oficiales disponibles para hacer el trabajo.
La administración del presidente Joe Biden había limitado las prioridades de deportación a amenazas a la seguridad pública y recientes infiltrados en la frontera. El próximo “zar de la frontera” de Trump, Tom Homan, dice que la nueva administración también priorizará a aquellos que representan un riesgo, como los criminales, antes de pasar a los inmigrantes a quienes los tribunales han ordenado expulsar de Estados Unidos.
Pero Homan también ha señalado que la aplicación podría ser más amplia: “Si estás en el país ilegalmente tienes un problema”, dijo recientemente en el canal Merit TV de Dr. Phil.
Es una tarea ardua.
Las órdenes de deportación superan al personal disponible
Cerca de 1.4 millones de personas tienen órdenes finales de remoción, mientras que aproximadamente 660 mil bajo supervisión de inmigración han sido condenadas por delitos o enfrentan cargos. Pero solo seis mil oficiales dentro de ICE están encargados de monitorear a los no ciudadanos en el país y luego encontrar y remover a aquellos que no son elegibles para quedarse.
Esos números han permanecido en gran medida estáticos mientras que su carga de trabajo se ha cuadruplicado aproximadamente en la última década a 7,6 millones. Cerca del 10% de esa fuerza laboral fue retirada de sus deberes regulares el año pasado para ir a la frontera en momentos en que la inmigración se disparó.
Jason Houser, jefe de personal de ICE anteriormente en la administración de Biden, dijo que el número de oficiales necesarios para perseguir a aquellos considerados una amenaza para la seguridad pública está en directa contradicción con el objetivo de deportar a gran cantidad de personas.
“No vas a poder hacer ambas cosas con los recursos que tienes, con los oficiales de deportación que tienes”, dijo Houser. “Es cuestión de matemática simple, de la cantidad de tiempo que toman esos arrestos. Abrumará cualquier capacidad para llegar a esos números a gran escala”.
Genalo dijo que los oficiales a cargo de casos individuales tienen que obtener los datos correctos, asegurarse de tener la autoridad legal para arrestar a la persona y luego encontrarla. Generalmente no se les permite entrar a una residencia, por lo que quieren atrapar a las personas afuera.
Cómo funcionan las remociones de personas
En esta operación reciente, cerca de una docena de oficiales se reunieron antes de las 5 de la madrugada en un estacionamiento de White Castle en el Bronx. Después de ponerse su armadura corporal y revisar su equipo, se reunieron para una sesión informativa.
Además del hombre ecuatoriano de 23 años, iban tras un hombre mexicano de 36 años condenado por tocar a una joven y otro ecuatoriano también condenado por abuso sexual de un menor.
El primer objetivo, el hombre de 23 años, que se declaró culpable de violar a una chica de 14 años, generalmente salía del edificio de apartamentos alrededor de las 7 o 7:30 de la mañana. A veces estaba con una mujer y un niño.
“La luz se encendió en el primer piso del apartamento”, dijo un oficial que esperaba afuera por la radio. Luego más tarde: “Alguien salió del sótano, pero no era el que buscábamos”.
Finalmente lo vieron, lo barrieron hacia la parte trasera de un vehículo y rápidamente dejaron el vecindario.
Dentro, la esposa del hombre, de 22 años, no supo qué había pasado hasta que él llamó más tarde desde la detención.
En una entrevista, ella dijo que se conocieron en Ecuador y tenían una hija —una niña de 3 años alegre con trenzas— y ella estaba embarazada de su segundo hijo. Él trabajaba en construcción mientras ella era manicurista.
Ella dijo que sabía por qué su esposo había sido arrestado pero sentía que había factores atenuantes importantes. Dijo que sabían que era posible que su esposo pudiera ser enviado de vuelta a Ecuador después de que su caso criminal concluyera, pero que aún así fue un shock.
ICE deportó a más de 270 mil personas durante un período reciente de 12 meses, la cifra anual más alta en una década, dijo la agencia en un informe reciente. Pero también dijo que hizo menos arrestos de no ciudadanos, en parte debido a la demanda de enviar personal a la frontera. De los arrestados, una mayor proporción tenía historiales criminales graves.
Trabajando con las agencias locales de la ley
Algunas ciudades y estados trabajan con ICE para entregar a personas en su custodia que no son ciudadanos estadounidenses.
Pero muchos estados y ciudades de tendencia izquierdista tienen políticas de santuario que limitan la cooperación con las autoridades federales de inmigración. En la ciudad de Nueva York, por ejemplo, ICE solía tener una oficina en la cárcel para tomar fácilmente la custodia de no ciudadanos. En 2014, el entonces alcalde Bill de Blasio firmó una legislación que expulsó a ICE y restringió la cooperación policial.
Su sucesor, Eric Adams, ha mostrado disposición para revisar algunas de esas políticas. Recientemente se reunió con Homan y dijo a los periodistas que estaban de acuerdo en perseguir a las personas que cometen delitos violentos.
Genalo dijo que los agentes invierten tiempo y recursos recogiendo a inmigrantes que pocos dirían que tienen derecho a permanecer en el país.
“¿Cómo puedes afirmar que las políticas de santuario ayudan a la comunidad cuando estás liberando a todos estos criminales de vuelta en la comunidad?”, dijo. “Estamos más seguros cuando colaboramos”.
La falta de personal también es un problema. Dijo que se supone que debe tener unos 325 oficiales, pero en los últimos años, el número ha sido aproximadamente un 30% más bajo.
Muchos defensores de la inmigración tienen preocupaciones sobre las tácticas de ICE, y esas preocupaciones se están profundizando con el regreso de Trump al cargo en enero.
Los defensores dicen que la posición de la administración entrante de ir tras las amenazas a la seguridad pública ya es una política establecida. Están en contra de la retórica que, según dicen, pinta a los inmigrantes como personas a temer. Dicen que puede haber matices en algunos casos: quizás alguien cometió un delito hace mucho tiempo y ha sido rehabilitado, o alguien que enfrenta una orden final de remoción se mudó y nunca recibió la notificación.
Durante el primer mandato de Trump, hubo muchos “arrestos colaterales” donde los oficiales de inmigración detenían a otros además de los que estaban siendo buscados, dijo Jehan Laner, abogada principal del Centro de Recursos Legales para Inmigrantes. Eso desestabiliza a las comunidades, dijo, agregando: “Los vimos ir tras todos”.
Genalo dijo que no podía comentar sobre los planes de la administración entrante, pero enfatizó que los oficiales están yendo tras objetivos específicos con historiales criminales. Dijo que tiene un expediente de unas 58.000 personas que tienen condenas penales o cargos pendientes.
“Estoy bastante seguro de que vamos a estar ocupados por un tiempo lidiando con la población criminal”, dijo Genalo.
