La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí investiga el asesinato de un me ir de dos años ocurrido hace unos días en el municipio de Vanegas, en la región del Altiplano potosino. La fiscal potosina María Manuela García Cázares detalló que el menor de nombre Ederson fue encontrado sin vida en un lote baldío luego de que su madre lo había dejado encargado.
“Hay una circunstancia de que la madre lo deja encargado con la tía porque va a hacer la compra de unos tacos y luego la tía se da cuenta que el menor no está y le habla a la madre pensando que ella se lo había llevado y es posteriormente cuando es encontrado muerto”, narró.
La fiscal desmintió la versión de que el padrastro del menor haya sido detenido y precisó que hasta el momento no hay detenidos, pero afirmó que la investigación “va bien”, aunque se reservó dar a conocer las líneas de investigación.
Penas por Infanticidio en San Luis Potosí
En San Luis Potosí, los delitos de infanticidio están regulados por una serie de disposiciones legales que buscan castigar con severidad a quienes atentan contra la vida de menores de edad. Según el artículo 107 del Código Penal, el homicidio se define como el acto de privar de la vida a otro ser humano.
Sin embargo, en el caso específico de menores de 16 años, el castigo por delitos cometidos en su agravio puede ser aún más severo, ya que el artículo 76 establece un aumento de la pena en una cuarta parte cuando se trate de delitos dolosos que involucren a niños o personas mayores de 65 años.
La legislación también contempla la figura del homicidio por omisión, definida en el artículo 107. Este se aplica a aquellas personas que, teniendo el deber de cuidado de un menor, incapaz o enfermo, se abstienen de ofrecer la protección necesaria, o incluso impiden el acceso a un tratamiento médico adecuado, causando su muerte por negligencia.
Para los casos de homicidio simple intencional, el artículo 111 estipula penas que van de 8 a 20 años de prisión, acompañadas de una multa que varía entre 160 y 400 días de salario mínimo. Este marco legal refuerza la responsabilidad penal de aquellos que atentan contra la vida de los más vulnerables, buscando disuadir el infanticidio y otras formas de violencia extrema.
