La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, completa su primer mes con retos significativos, entre los que destacan el aumento de la violencia en varias regiones del país y las polémicas surgidas a raíz de la aprobación de la reforma judicial y el consecuente paro de los trabajadores de dicho sector.
Durante este periodo de Sheinbaum Pardo -la primera mujer en el cargo en la historia de México-, la violencia ha sido un tema central, especialmente en Chiapas y Sinaloa.
El asesinato del padre Marcelo Pérez, un sacerdote conocido por su labor humanitaria en Chiapas, ocurrido el 19 de octubre, se convirtió en un símbolo de la creciente inseguridad en la región y puso de relieve el clima de violencia en ese estado fronterizo con Guatemala, donde grupos delictivos luchan por el control de territorios.
El padre Marcelo había recibido amenazas previas, lo que ha llevado a cuestionar la efectividad de las políticas de seguridad implementadas hasta ahora.
En Sinaloa, los conflictos entre los hijos del Joaquín Chapo Guzmán y los fieles de Ismael Mayo Zambada han escalado a niveles alarmantes desde la captura de este último por Estados Unidos, con la colaboración de Los Chapitos, en julio.
Cientos de personas han muerto desde que empezaran los enfrentamientos en agosto y la situación de inseguridad parece continuar, haciendo imposible la vida normal de los habitantes del occidental estado y con graves consecuencias para las economías locales.
Sheinbaum respondió con el envío a la zona de su secretario de seguridad, Omar García Harfuch, y con un incremento de la presencia militar en la región, estrategia que algunos expertos califican como ineficaz.
Polémica reforma judicial
La reforma judicial promovida por la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) e impulsada por Sheinbaum Pardo ha sido un tema de controversia desde su aprobación en septiembre.
Esta reforma establece la elección popular de jueces y magistrados, un cambio radical en la estructura del sistema judicial mexicano y, aunque el Gobierno sostiene que busca aumentar la legitimidad y la transparencia en la administración de justicia, ha enfrentado una fuerte oposición por parte de los trabajadores del Poder Judicial, quienes han declarado un paro laboral prolongado.
Más de 13 mil casos judiciales están actualmente en espera debido a este paro, lo que ha generado críticas hacia los trabajadores por parte de la presidenta por continuar recibiendo sus salarios mientras no cumplen con sus funciones.
En respuesta, los jueces y magistrados han comenzado a organizar intervenciones mediáticas para expresar sus preocupaciones sobre la reforma, destacando que esta podría poner en riesgo la independencia judicial.
La situación ha llegado a un punto crítico, ya que la presidenta y los líderes del Poder Judicial se enfrentan en una pugna que desembocó con la renuncia de la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, junto a otros siete ministros del Máximo Tribunal.
La reforma, aunque aprobada, aún enfrenta desafíos legales y resistencias que podrían complicar su implementación efectiva.
Continúan las mañaneras
Por otro lado, Sheinbaum Pardo ha decidido mantener las conferencias matutinas, conocidas como “mañaneras”, que fueron un sello distintivo de la administración anterior y que se han utilizado como plataforma para abordar temas de relevancia nacional y responder a las inquietudes de los ciudadanos, marcando la agenda pública.
La presidenta continúa así con la agenda comunicativa de López Obrador y poco ha retocado respecto a su antecesor, aunque si ha dotado a dichas conferencias de un estilo algo más directo y conciso.
La continuidad de las “mañaneras” sugiere que Sheinbaum busca mantener una conexión directa con la ciudadanía, similar a la de su predecesor.
La presión sobre la presidenta para abordar la violencia o las polémicas surgidas con la reforma judicial y su capacidad para sortear con éxito dichas cuestiones durante estas sesiones, será un indicador clave de la aprobación a su Gobierno.
