Un día antes de concluir, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador promulgó un acuerdo que instruye a las dependencias, órganos administrativos, entidades paraestatales de la Administración Pública y empresas del Estado a que realicen las gestiones para concluir los trámites del Tren Maya, en un periodo de tres meses.
De acuerdo en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el gobierno federal, entonces encabezado por López Obrador, publicó el 30 de septiembre un acuerdo para que se realicen “en el ámbito de su competencia, conforme a la normativa aplicable, con la celeridad debida”, las gestiones para “concluir con la integración de los expedientes de los procedimientos administrativos” relacionados con el Tren Maya y sus obras asociadas.
Para esto se dio un plazo de tres meses después de la publicación del acuerdo en el DOF, el cual busca que se concluyan los siguientes actos jurídicos:
- Adquisición y expropiación de inmuebles de propiedad privada y social
- Autorizaciones, permisos y concesiones en materia ambiental
- Permisos de construcción en zona federal
- Autorizaciones en materia arqueológica
- Títulos de concesión de zona federal
- Autorización en materia de cambio de uso de suelo
- Títulos de concesión de aprovechamientos de aguas subterráneas
- Permisos de descarga de aguas residuales
- Transmisión de derechos de concesión de aguas nacionales, de zona federal y permisos de descarga de aguas residuales
- Aprobación del proyecto ejecutivo
- Destino y asignación de inmuebles para integrar el derecho de vía
- Permisos y autorizaciones en materia estatal y municipal
- Licencias, marcas y patentes relacionados con el uso y seguridad de las tecnologías de la información, y los demás actos jurídicos que se requieran para su conclusión, conforme a la normativa vigente
El acuerdo solicita a las dependencias y a toda instancia relacionada con el proyecto comenzar las gestiones de manera inmediata de los actos jurídicos ya señalados y los que se consideren procedentes para la operación de los siete tramos del Tren Maya, además de que en su trámite se debe dar celeridad, “sin que su conclusión pueda exceder del plazo de seis meses siguientes a la publicación de este acuerdo”.
“Ante el advenimiento de contingencias, como son el caso fortuito y fuerza mayor, las dependencias (…) deben ejercer sus facultades legales y aplicar los recursos indispensables para que los procedimientos relacionados con la ejecución del Tren Maya y sus obras asociadas no se suspendan o, de resultar materialmente imposible dejar de suspenderlos, se reanuden en el menor tiempo posible”, dice el artículo 4 del documento.
Además, se les solicita a diferentes secretarías como la de Defensa Nacional, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Comunicaciones y Transportes y la de Función Pública, entre otras, resolver “los casos no previstos” y que sus decisiones favorezcan la conclusión de los trabajos del proyecto.
