La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseveró que el paro de labores del Poder Judicial afecta a la seguridad pública del país.
En la conferencia matutina de Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo apuntó que no se pueden pedir órdenes para detener a delincuentes en el país.
El paro del Poder Judicial afecta a la seguridad. ¿Cómo si está en paro un juez se puede pedir una orden de aprehensión? Porque ahora solo operan para asuntos de detenciones en flagrancia”, dijo.
“Aparte de que están en paro y de que cobran, afectan la paz y la seguridad del país, porque para detener a un delincuente las áreas de seguridad hacen su trabajo, la Fiscalía hace sus carpetas de investigación. y las presenta a un juez, para que éste dé una orden de aprehensión, pero si los jueces federales están en paro qué pasa con los delitos del fuero federal”, puntualizó.
La mandataria mexicana criticó que se encuentren en paro de labores y que sigan cobrando íntegro su sueldo.
“Está bien que están paro, pero por qué tienen que seguir cobrando. Los jueces ganan 130 mil pesos mensuales, siguen cobrando sus 130 mil pesos, pero están en paro, pero además no tiene razón de ser”, puntualizó.
Sheinbaum Pardo reiteró a los trabajadores del Poder Judicial que se encuentran en paro que todos sus derechos y prestaciones están plenamente garantizados.
El paro de labores en el Poder Judicial se alargará hasta el 11 de octubre, según decidió el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
Por cuatro votos a favor contra tres, el CFJ decidió en una sesión extraordinaria seguir hasta ese día con la suspensión de labores iniciada el 21 de agosto en los órganos jurisdiccionales federales y áreas administrativas, salvo los casos considerados urgentes.
La decisión coincide con la admisión por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de una de las impugnaciones planteadas por jueces y magistrados contra la citada reforma, mediante la cual los jueces y otros cargos del poder judicial van a ser elegidos por voto popular.
El objetivo de dicha impugnación es que el alto tribunal verifique si la reforma “es compatible o no con garantías judiciales y principios, entre ellos, la división de poderes, la independencia judicial, así como aquellos inherentes al Estado Constitucional de Derecho”, apunta la sentencia.
La reforma judicial, impulsada por el ahora expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) y promulgada el pasado 15 de septiembre, ha levantado críticas de algunos organismos internacionales que aseguran que se pone en riesgo el Estado de derecho en el país.
