Unos 2 mil 388 menores de 6 años fueron asesinados entre 2010 y 2022 en México, de acuerdo con el Inegi.
Ante ello, el Pacto por la Primera Infancia exige tomar medidas para proteger a los niños y niñas de todo tipo de violencia.
“Es una tragedia que no podemos seguir ignorando. La acción del Estado es urgente e impostergable”, sentenció.
Datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición arrojaron, en 2021 que a nivel nacional 5 de cada 10 menores de cinco años fueron sometidos a métodos de disciplina violenta.
El Pacto por la Primera Infancia sostiene que la niñez es un periodo de especial sensibilidad, riesgo y oportunidad debido a la dependencia de sus cuidadores y su limitada capacidad para buscar ayuda fuera del hogar.
“Hemos insistido en la importancia de impulsar políticas públicas de cuidado sensible y cariñoso hacia la primera infancia, ya que se deben afianzar los beneficios de las intervenciones tempranas para reducir los efectos negativos de los riesgos.”
En este sentido, recuerdan las 12 metas impulsadas para asegurar los derechos de la primera infancia, entre las cuales dos se vinculan con su seguridad y protección.
La meta 9 pide alcanzar al 30 por ciento de las familias con menores de 6 años, con programas de habilidades parentales para una crianza cariñosa y sensible.
Mientras que la meta 11 refiere a disminuir en 20 por ciento el uso de métodos violentos de disciplina y en 50 por ciento la violencia sexual y los casos de desapariciones de menores de 6 años.
Se pide, además, promover un cambio cultural donde se reconozca a los niños como sujetos de derechos y desnaturalizar la crianza violenta mediante la promoción de nuevas normas sociales y visiones sobre las niñas y los niños.
También, impulsar campañas de sensibilización sobre la importancia de los primeros años de vida y los beneficios de una crianza respetuosa, positiva, cariñosa y sensible.
Implementar programas para el desarrollo de competencias parentales (visitas domiciliarias, talleres de manejo del estrés y técnicas de disciplina positiva, sesiones entre pares, escuela para padres, consejería especializada). Aprovechar la infraestructura existente (programas de apoyo alimentario, servicios de salud, educación preescolar, centros de atención infantil, etc.) para escalarlos de manera rápida y con bajos costos.
Ingresar a las familias a estos programas desde el momento en que entran en contacto con el servicio público, y monitorear su cobertura permanentemente.
Implementar mecanismos de detección temprana de factores de riesgo en familias que crían a niñas y niños menores de 6 años; dibujar una ruta integral de atenciones que mitigue riesgos otorgando factores protectores, y dar un seguimiento individualizado a los casos para prevenir que una tragedia como esta vuelva a ocurrir.
Impartir permanentemente talleres de sensibilización, prevención, detección y atención de casos de violencia y abuso sexual para madres, padres, tutores, cuidadores, trabajadores sociales, personal de salud y docentes, adaptados a diferentes niveles de educación y a las necesidades de la comunidad.
Desarrollar en los servidores públicos de instituciones que trabajan con niñas y niños de primera infancia las competencias necesarias para crear espacios de seguridad que permitan la conexión emocional positiva y apoyen su desarrollo y bienestar.
Difundir masivamente información sobre la prohibición legal del castigo físico, degradante y humillante.
Difundir masivamente y por medios al alcance de las niñas y niños los mecanismos y recursos de protección para víctimas de violencia, como la línea 911.
Revisar la legislación en materia de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes.
Fortalecer y difundir los protocolos de detección y atención de indicios de violencia en estancias, escuelas y en el hogar.
