Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) iniciaron en el primer minuto de este 19 de agosto con un paro indefinido de labores, en protesta con la iniciativa de reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Entre las instalaciones en las que comenzó el paro se encuentran las del Palacio de Justicia Federal y el Consejo de la Judicatura Federal ubicadas en San Lázaro.
En el transcurso de este lunes los trabajadores del Poder Judicial en 16 estados se sumaron al paro: Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Puebla, Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Tlaxcala, Zacatecas, Yucatán, Coahuila, Tabasco, Nuevo León, Nayarit, Aguascalientes y Baja California Sur.
Durante este acto las sedes permanecerán cerradas y solo se atenderán asuntos urgentes.
“¡Todos Somos Uno! ¡Uno Somos Todos!”, fue la consigna que se gritó en San Lázaro.
La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) convocó este lunes a votar el paro de labores a partir del primer minuto del miércoles 21 de agosto en protesta por la reforma judicial.
“La suspensión de labores dará inicio a las 00:00 horas del día miércoles 21 de agosto de 2024 y continuará hasta que se cumplan nuestras peticiones, y dicha suspensión se levantará con la aprobación de las Mesas Directivas Nacional y Regionales de la Jufed”, se lee en una convocatoria emitida la semana pasada.
El presidente López Obrador desestimó el miércoles el aviso de paro que hicieron los trabajadores del Poder Judicial por su polémica reforma para transformar el sistema de justicia y elegir por voto popular a jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte.
“Están hablando jueces, magistrados y ministros (de la Corte) de que van a hacer una huelga el día 19 (de agosto). Hay quienes sostienen que no pueden hacerlo legalmente, yo digo que sí, están en su derecho, somos libres”, declaró en su conferencia matutina.
El gobernante mexicano minimizó las consecuencias que tendría el paro adelantado por la Jufed, que se opone a la reforma constitucional que el oficialismo votaría en el Congreso en septiembre.
La agrupación de trabajadores advirtió de que la elección popular de jueces afectaría la carrera judicial y, “sin duda alguna, abriría la posibilidad de que grupos de poder, incluso ilegales, ejerzan presión efectiva sobre los poderes judiciales”.
