Mazatlán, Sinaloa (Reacción Informativa). -Ante la ineficiencia que se tiene para la búsqueda de personas desaparecidas, es también un grave problema la crisis forense, como lo catalogó, María Isabel Cruz Bernal, líder del colectivo de búsqueda Sabuesos Guerreras, en Culiacán, ya que viene a entorpecer la identificación de los cuerpos, retrasando la entrega de los mismos a los familiares.
La ineptitud en el trabajo de investigación e identificación de cuerpos por parte de las instituciones encargadas de resolver las desapariciones de personas representan un grave problema en la república mexicana, que al igual que en Sinaloa van en aumento y las autoridades se ven rebasadas por la violencia que impera en este sentido.
Un caso de los muchos que existen en el estado, es la reciente identificación del cuerpo de Alberto de Jesús Verdugo Rivera, desaparecido desde el 25 de mayo del 2020, el cual su cadáver se encontraba en la morgue del Semefo desde el 2020.
En Sinaloa existe una crisis forense, pues son cerca de 2 mil 300 cuerpos en las fosas y más de 5 mil 800 desaparecidos en el estado, de acuerdo con datos de la Fiscalía.
Por lo que los colectivos de búsqueda alzan la voz para exigir la atención requerida ante el mal funcionamiento de las Fiscalías General de la República y Estatal de Sinaloa.
En Mazatlán, “El Colectivo Tesoro Perdidos Hasta Encontrarlos”, presidido por Irma Arellanes desde el 2017, año de su creación, motivada con la desaparición de su hijo, en conjunto con otras 75 personas que forman parte de las búsquedas, han encontrado un total de 187 personas en fosas clandestinas, labor que la FGE no ha desempeñado, orillando a madres, padres, familiares y amigos de las víctimas a hacer la labor de investigar para encontrar a las víctimas de desaparición.
Por su parte, Irma Arellanes comenta, que su recomendación a los integrantes del colectivo es; “dejen el miedo, no van a buscar culpables, sino a sus hijos desaparecidos”.
Desafortunadamente, los familiares de las personas desaparecidas también enfrentan un nulo apoyo por parte de las autoridades, así como la inseguridad, que aumenta al realizar la labor y recibir amenazas por la investigación que con méritos propios hacen para encontrar las fosas clandestinas que las autoridades no quieren o pueden encontrar.
