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México presentó el nuevo censo de personas desaparecidas del Gobierno Federal ante la ONU, pese a críticas, y aseguró ante el organismo internacional que no se ha “eliminado” el registro de ninguna persona reportada como ausente.
“Es muy importante señalar que no se ha eliminado ningún registro de esta base de datos y que constantemente se están proporcionando nuevos datos que fortalecen el registro nacional”, sostuvo el Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la SRE, Joel Hernández García.
Este 24 de enero, durante el Examen Periódico Universal (EPU) de Naciones Unidas, en el que se revisó la situación de derechos humanos en México, la delegación mexicana presentó nuevamente los resultados del censo ordenado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, sin explicar su metodología.
Esto después de que, ante las críticas que ha recibido el ejercicio, países como Estados Unidos, Canadá, Túnez, Austria, Uruguay, Venezuela y otros expresaron durante la sesión de la ONU preocupaciones sobre el tema y pidieron que se garantice un registro transparente.
A lo que México contestó durante el Examen Periódico Universal que el ejercicio se basa en los datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), que contabiliza más de 114 mil personas en dicha calidad a la fecha.
Asimismo, presentó nuevamente los resultados: de las 110 mil 964 personas que estaban reportadas como desaparecidas al corte de agosto, clasificó a 16 mil 681 como localizadas y a 17 mil 843 como ubicadas pero no localizadas, otras 26 mil 090 no cuentan con datos suficientes para su identificación, 36 mil 022 están registradas aunque sin indicios para su búsqueda y 12 mil 377 tienen una denuncia por desaparición confirmada.
Por tanto, considera que el 24% de los registros no cuentan con datos suficientes para identificar y 32% carecen de indicios suficientes para la búsqueda, resultados que han sido cuestionados por familiares, colectivos de búsqueda y organizaciones.
México argumentó ante la ONU que la nueva estrategia “privilegia la identificación con vida”, mientras que sostuvo que se han promulgado nuevas leyes, mejorado las herramientas de búsqueda e identificación y se ha incrementado el presupuesto de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) en aun 270% desde 2019.
En la sesión también se abordaron temas como la movilidad humana, la protección de periodistas y defensores y defensores de derechos humanos, la violencia contra las mujeres, la militarización de la Guardia Nacional, entre otros.
Esta es la cuarta vez que México se somete a un análisis durante el Examen Periódico Universal (EPU) —un mecanismo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU donde se presentan avances en las medidas para mejorar la situación de derechos humanos en el país y se reciben recomendaciones.
Previo a la sesión, más de 100 organizaciones, que conforman el Colectivo EPU.MX, elaboraron 18 informes temáticos y uno general, para dar cuenta sobre los avances y pendientes en diferentes temas de derechos humanos, incluida la desaparición de personas.
La sesión se lleva a cabo dos días después de que el portal A dónde van los desaparecidos presentara un reportaje, realizado por Efraín Tzuc, en el que da cuenta que más de 260 personas desaparecidas figuran con una clasificación errónea en el censo.
Entre ellos, se encuentran casos mediáticos, víctimas que no han sido vistas desde la Guerra Sucia y otros que están registrados como ubicados pese no haber sido localizadas aún, o dados de alta como sin confirmar su identidad o sin datos que permitan hallar a quien reportó el delito, a pesar de que familiares han estado en contacto con las autoridades.
Esta no es la primera vez que el ejercicio ha sido cuestionado. Anteriormente, organizaciones, colectivos de búsqueda y familiares han denunciado que los registros de sus seres queridos han sido colocados en las nuevas categorías pese haber aportado la información suficiente.
Asimismo, han advertido la posibilidad de que el nuevo censo tenga fines electorales, frente los comicios que se celebrarán en 2024.
A esto se suma que en noviembre de 2023, la excomisionada de Búsqueda, Karla Quintana, sostuvo que el censo buscaba reducir la cifra de personas ausentes en el actual sexenio y favorecer a los estados gobernados por el partido oficialista Morena.
