En el sexto aniversario de la entrada en vigor de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, familiares de personas ausentes denunciaron que el Gobierno Federal “está desmantelando” las instituciones creadas para abordar la crisis de desapariciones.
“El gobierno federal está desmantelando las estructuras que creamos para enfrentar esta crisis”, señaló en un comunicado Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM), formado por 86 colectivos de 25 estados de la República.
“En vez de un Estado comprometido con la búsqueda activa de personas, las instituciones parecen enfocarse en disputar las cifras de desaparecidos”, sentenció el colectivo, que reúne a familiares de personas ausentes de todo el país.
Asimismo, advirtieron que el censo del Gobierno Federal, ordenado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, carece de “transparencia, metodología, y consulta con las familias y la sociedad, que permita dar credibilidad a los datos presentados”.
Dicho ejercicio consideró que solamente hay poco más de 12 mil desapariciones confirmadas, frente a las más de 110 mil que reporta el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO).
De las 110 mil 964 personas que estaban reportadas como desaparecidas, clasificó a 16 mil 681 como localizadas y a 17 mil 843 como ubicadas pero no localizadas, otras 26 mil 090 no cuentan con datos suficientes para su identificación, 36 mil 022 están registradas aunque sin indicios para su búsqueda y 12 mil 377 tienen una denuncia por desaparición confirmada.
Tras esta polémica, AMLO y la titular de la CNB, Teresa Reyes Sahagún, aclararon que aún se busca a por lo menos 94 mil personas desaparecidas.
“La opacidad gubernamental en esta iniciativa, particularmente en un contexto electoral, sugiere un despropósito: manipular las cifras de desaparecidos, minimizando así la gravedad de la situación”, sentenciaron los familiares que conforman MNDM.
Asimismo, calificaron estas acciones como una revictimización por parte del gobierno federal contra familiares.
También se pronunciaron en contra del recorte de tres cuartas partes del personal de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y del Director de Operaciones Búsqueda, Javier Yankelevich, cuyos contratos no fueron renovados, como se informó la semana pasada.
Finalmente, reiteraron que la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, que creó al Sistema Nacional de Búsqueda, fue “una respuesta directa a la inacción de las autoridades en la búsqueda y esclarecimiento de los casos” de sus seres queridos.
“Esta legislación pretendía ser un reconocimiento oficial de la grave magnitud del problema de las desapariciones en México”, reiteraron.
“Si bien entendemos que toda ley o política pública puede mejorarse y debe ser revisada periódicamente, estas revisiones deben priorizar las necesidades de las víctimas y no estar influenciadas por intereses políticos o electorales”, subrayaron.
Ante esto, exigieron a los gobiernos federal y locales que “frenen el desmantelamiento de las instituciones” y reconozcan la dimensión de la problemática.
Además, demandaron al Estado Mexicano que detalle claramente su plan de trabajo, con plazos y objetivos definidos y solicitaron transparencia en los perfiles de los nuevos nombramientos en la CNB y la justificación de los despidos.
Finalmente, pidieron a las autoridades entablar un diálogo que reconozca su conocimiento y aporte histórico.
Con motivo del aniversario de la entrada en vigor de la ley, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) también hizo un llamado a reforzar a las instituciones encargadas de la búsqueda e investigación de personas desaparecidas.
“Sin una institucionalidad robusta, la carga continuará recayendo indebidamente en las familias y algunos de los avances podrían revertirse o colocarse en riesgo”, advirtió.
Asimismo, instó a consolidar las herramientas, registros y bases de datos indispensables para una implementación efectiva, asegurando en todo momento la participación de las víctimas.
“Se trata de seres humanos que han sido desaparecidos y el Estado tiene la responsabilidad de documentarlo correctamente”, aseveró.
Por lo tanto, pidió que “todos los esfuerzos de actualización del Registro Nacional sean transparentes; cuenten con una metodología clara y del conocimiento público; se ajusten a la dispuesto en la Ley General y en los protocolos vigentes; se realicen con independencia, objetividad e imparcialidad”.
Finalmente, exhortó a que se expidan el Programa Nacional de Exhumaciones e Identificación Forense, el Reglamento de la Ley General y el Reglamento de la Comisión Nacional de Búsqueda.
Mientras que instó a que se garantice el funcionamiento efectivo del Banco Nacional de Datos Forenses, del Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas, y del Registro Nacional de Fosas Comunes y de Fosas Clandestinas.
