Culiacán, Sin.- Juan Bautista Lugo Corrales, delegado del Instituto Mexicano del Amparo Delegación Sinaloa, externó que el operativo Guadalupe Reyes llevado a cabo durante las fiestas decembrinas quedó a deber a los sinaloenses, ya que las cifras que reportan son números suavizados.
El abogado, en conferencia de prensa, declaró que las autoridades deben dar a conocer lo que realmente sucedió durante los días 25, 26, 31 de diciembre y 1 de enero, ya que fue muy evidente que no hubo coordinación ni organización entre las diversas corporaciones para inhibir y evitar homicidios, heridos por balas y quemados por pirotecnia, así como las más de 49 cámaras que fueron baleadas.
“Decir de entrada que, como siempre, este famoso operativo Guadalupe-Reyes nos quedó a deber; no dio los resultados que los sinaloenses aspiramos. Se dice que hubo ocho heridos de bala perdida, pero desde mi punto de vista no fueron ocho, fueron más, lo que pasa es que siempre minimizan”, refirió.
Las cámaras destruidas, dijo, ya es algo que año tras año sucede, por lo que no deben esperar a que estos hechos sean reportados, sino ver de qué manera se pueden instalar puntos de vigilancia por parte de elementos policiales en los sectores donde más recurrentes son vandalizados estos dispositivos.
“No es la primera ocasión que se dan ese tipo de hechos y lo único que hacen las autoridades es reponer las videocámaras y no realizan trabajos de investigación para poder detener a los responsables, pues muy seguro antes de ser baleadas se puede ver el tipo de carro y las placas de quien hace los disparos”, agregó.
Lugo Corrales a su vez dijo que el Gobernador Rubén Rocha Moya puede lograr aseguren las videocámaras y el daño no lo sufra el pueblo.
“Finalmente, es el pueblo quien sufre esos daños, pues esos costos de millones y más millones de pesos para estar comprando videocámaras en lugar de comprar más patrullas y capacitar a policías para que investiguen y que no queden impunes ese tipo de delitos”, expuso.
El delegado del Instituto Mexicano del Amparo Delegación Sinaloa exhortó al Poder Ejecutivo a que ponga a trabajar a quienes atienden la seguridad en Culiacán y el estado conforme lo manda la ley y, de no cumplir, sean removidos del cargo.
“A quienes no cumplan, se les hagan las investigaciones pertinentes y que de no cumplir con sus funciones se les dé las gracias. La sociedad ya está enfadada de tanta inseguridad, de tantos hechos violentos y que los delincuentes gocen de la impunidad”, finalizó.
