El diácono Gerardo Espinosa Rubí ha sido condenado a 21 años y ocho meses de prisión después de ser hallado culpable por un juez del delito de violación equiparada en grado de tentativa contra un menor de edad en el municipio de Aquixtla, Puebla.
La sentencia fue dictada después de que la semana pasada, el juez Francisco Javier Orozco Treviño determinara que existían pruebas suficientes para respaldar la responsabilidad del clérigo en el abuso sexual de un niño.
Esperanza González, madre del menor afectado, respaldada por miembros de la Red Plural de Mujeres, se manifestó ante medios locales exigiendo que se tomaran en cuenta las pruebas presentadas contra el diácono. Este último nunca negó los hechos, sosteniendo únicamente que su detención fue ilegítima.
foto Foto: Red Plural de Mujeres Puebla.
González relató que el incidente ocurrió el 26 de octubre de 2021, cuando visitó la parroquia de Aquixtla para hablar con el sacerdote. Durante la conversación, en un descuido, el diácono llevó al hijo de González, quien en ese momento tenía siete años, a su habitación.
Al buscar al menor, González intentó abrir la puerta, pero el diácono lo impidió con fuerza. Después de unos minutos, permitió que el niño saliera, pero la madre notó de inmediato que estaba visiblemente asustado.
Al insistir, el niño reveló que el hombre abusado de él, amenazándolo con matar a su madre si decía algo.
El 27 de octubre de 2021, un grupo de residentes rodeó la parroquia de Aquixtla con la intención de linchar al religioso, y en ese momento la policía intervino para detener al individuo.
Según González, durante los dos años del juicio, el diácono mantuvo su salario proporcionado por la iglesia católica, y la institución incluso cubrió los honorarios de sus abogados. Estos lograron que obtuviera varios amparos que le permitieron salir de prisión en agosto de este año, basándose en irregularidades durante su detención.
La liberación de Espinosa Rubí fue denunciada por Esperanza González durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador. Después de la controversia, el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial inició investigaciones a través del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa para examinar la conducta del juez de Zacatlán.
