Para generar acciones y programas para que las personas de la tercera edad sean protegidas de cualquier delito, amenazas y riesgos a los que están expuestas en la actualidad, el diputado federal morenista, Martín Sandoval Soto, presentó una iniciativa para reformar la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.
La propuesta expone que en México existen 1.7 millones de personas adultas mayores que viven solas, convirtiéndose en un blanco de los criminales para apoderarse de sus bienes como autos, joyas y dinero.
Señala que día a día se replican los casos de personas mayores violentadas por los grupos delictivos que las despojan de sus bienes que tanto esfuerzo les costó adquirir a lo largo de su vida.
Añade que existen personas adultas mayores que, por necesidad o buena fe, brindan su confianza a personas desconocidas en la calle y éstos terminan defraudándolas o bien robándoles su dinero en sucursales bancarias o cajeros automáticos.
Además, existe un creciente número de fraudes que son perpetrados por el creciente uso de las tecnologías de la información. De ahí que, de acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), tres de cada 10 personas adultas mayores son víctimas de una estafa o fraude financiero.
Por ello, el legislador propuso adicionar una fracción 23 Bis a dicha ley para establecer que le corresponde a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) instrumentar mecanismos de prevención de la violencia y el delito, así como campañas de prevención de fraudes, en coordinación con otras autoridades competentes.
También instaurar protocolos de atención en el sistema penitenciario y en el modelo de reinserción social, considerando sus necesidades especiales. De igual, forma diseñar acciones encaminadas a la gestión integral y reducción del riesgo de desastres.
La propuesta, turnada a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables para dictamen, indica que las personas adultas mayores en México cuentan con un marco jurídico especial para la protección a sus derechos, el cual reconoce bases y disposiciones para regular la política pública nacional, así como los principios, objetivos y responsabilidades, tanto de actores gubernamentales como de la sociedad.
