Tras su aprobación en la Cámara de Diputados, el dictamen de la reforma de la jornada laboral de 40 horas será enviado al Senado para su discusión y aprobación. Sin embargo, esto ocurrirá después del 1 de febrero de 2024, cuando inicie nuevamente el periodo de sesiones y se logre el consenso entre los senadores.
El artículo laboral 123 de la Constitución Política Mexicana ha sido reformado, confirmando el cambio de 48 horas obligatorias a 40, y el disfrute de un día de descanso se ha convertido en dos.
Desde el sector empresarial, solicitamos una reunión anticipada con los sectores productivos para discutir la reforma de las 40 horas de trabajo, buscando un punto de equilibrio que beneficie a los trabajadores sin perjudicar demasiado a los empresarios. También abogamos por aplicar los cambios de manera gradual, estableciendo logísticas que generen un aumento sólido en la productividad del país.
En el escenario actual, no es factible avanzar en un cambio en el tope de las horas de trabajo en la Constitución sin acuerdos que garanticen equidad, ya sea a través de un período de transición para la implementación gradual o una reducción menor a la que se analiza en el Congreso.
Nuestra postura es clara: primero se deben buscar fórmulas para elevar la productividad en México. Además, se propone reducir regulaciones y hacer concesiones respecto a las facilidades administrativas para las empresas antes de abordar la disminución de la jornada laboral.
“Nos toca apostar por la innovación y capacitación del personal; por el lado del gobierno, se tiene que trabajar en disminuir las regulaciones”, expone el líder empresarial.
En 2023, los empresarios han enfrentado tres aumentos de costos significativos como resultado de cambios en la política laboral: el nuevo incremento al salario mínimo, el aumento en los días de vacaciones y la ampliación de la aportación patronal en las cuotas aplicadas a las pensiones.
Además, estimamos que hay entre 1.2 y 1.6 millones de vacantes en el mercado laboral que no pueden cubrirse. Esta falta de disponibilidad de personal resultará en una combinación problemática debido a la reducción de las horas laborables. “Tendríamos que pagar horas extras dobles y triples, elevando nuestros costos de manera desconsiderada. La otra posibilidad es la contratación de más personal para cubrir las horas faltantes, lo cual aumentará el costo de nómina, los impuestos sobre nómina, ISR y Seguro Social. Además, no recibimos ningún apoyo por parte del Gobierno Federal. Por ello, reiteramos que los empresarios buscamos acercarnos al gobierno para llegar a acuerdos antes de que esta iniciativa sea votada, proponiendo una resolución balanceada entre los beneficios del trabajador y el apoyo que también merecemos recibir los empresarios”, afirmó Hernández Fonseca.
Nearshoring: La solución actual para el comercio
El Nearshoring es la estrategia de externalización por la que una empresa transfiere parte de su producción a terceros que, a pesar de ubicarse en otros países, aún con una reforma con implementación gradual, como se hizo en Chile y Colombia, no sería factible en nuestro país. Esto se debe a que, en los mencionados países, aumentaron su productividad mucho antes de reducir su jornada laboral.
Aunque las jornadas de 48 horas semanales se mantienen en la mayoría de los países de Latinoamérica, Colombia y Chile avanzaron recientemente en la reducción a 42 y 40 horas respectivamente, ambos con una implementación gradual.
En América, Ecuador es pionero en estas modificaciones, ya que desde 1997 cuenta con una jornada semanal de 40 horas. Esta fórmula es aplicada de manera habitual en la mayoría de los países europeos, y en Asia del Norte se viene estableciendo desde 2005, según la información de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Desde la Recomendación 116, la OIT plantea como un escenario ideal llegar a una jornada de 40 horas, sugiriendo a las economías reducir el tiempo de trabajo de manera gradual y con protección al salario. Ambos elementos no están contemplados en el dictamen pendiente, a discutirse en el pleno de la Cámara de Diputados. La OIT también sugiere “considerar las circunstancias de cada país y de cada sector, esto incluye el nivel de desarrollo de la nación, los progresos obtenidos con la implementación de tecnología y la necesidad de elevar el nivel de vida de la población”.
