Mazatlán, Sinaloa (Reacción Informativa). – La reciente decisión desfavorable de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respecto a las auditorías a las empresas Grupo Coppel y Grupo Arhe, realizadas durante la administración anterior de Quirino Ordaz Coppel, ha generado complicaciones financieras para el Estado de Sinaloa, según lo expresado por el Gobernador Rubén Rocha Moya.
Este problema legal, que se originó en 2021, ha llevado a la actual administración a abordar dos frentes en busca de soluciones. La vía jurídica, a cargo del Secretario General de Gobierno, Enrique Inzunza, implica revisar la resolución de la SCJN. Simultáneamente, la segunda vía se centra en negociaciones con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), lideradas por el Secretario de Finanzas, Enrique Díaz.
El Gobernador identificó a las empresas involucradas en las “auditorías erráticas” como Grupo Coppel y Grupo Arhe, lamentando que su administración se vea afectada por errores ajenos, impidiéndoles ejecutar auditorías y exponiéndolos a una deuda con el SAT de 1,750 millones de pesos.
Ante esta situación, Rocha Moya señaló que las auditorías se llevaron a cabo de manera inadecuada, perjudicando el erario y sugiriendo que podría haber sido un acto doloso.
Rocha Moya dijo que debido a que durante su gobierno se han acatado estrictamente los lineamientos de la concesión de Coordinación Fiscal, se está buscando asegurar que no haya afectación a los recursos del Estado y que la posible multa sea reconsiderada.
La deuda millonaria que tiene el Gobierno del Estado de Sinaloa con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), heredada por el exgobernador Quirino Ordaz Coppel, es de 1,750 millones de pesos, informó el Secretario de Administración y Finanzas, Enrique Díaz Vega y dijo que el 21 de noviembre se reunirá con la titular de Auditorías Federales, Rosalinda López Hernández, para buscar una consideración por parte de la autoridad hacendaria.
Aunque el Gobernador, Rocha Moya, ha reiterado haberse enterado de la multa casi el día en que rindió protesta, la pregunta es por qué si desde hace dos años lo sabía, no se había actuado contra los supuestos responsables, pues él mismo declaró que la falla en las auditorías causó que el SAT sancionara a la administración estatal, frenando la concesión por 6 meses para que el estado no pudiera realizar auditorías. Tal situación deja varias interrogantes en el aire: ¿Se presentarán demandas contra los presuntos funcionarios o empresas responsables? ¿Qué medidas tomará el estado ante este daño al erario? ¿Nuevamente los sinaloenses pagaremos por las irresponsabilidades de otros?
