Han pasado nueve años desde aquel 26 de septiembre de 2014, cuando 43 jóvenes estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, en el sureño Estado de Guerrero, aprendices de profesor de una escuela rural e hijos de campesinos, fueron desaparecidos por agentes estatales y por miembros del crimen organizado. Padres, madres, familiares y amigos de las víctimas se han congregado una vez más en uno de los recintos más emblemáticos para el Ejército mexicano: el Campo Militar Número 1 en Ciudad de México, donde se espera que el platón permanezca durante varios días antes del aniversario.
Los familiares de los 43 han instalado una carpa este viernes, donde estarán acampados durante estos días en que esperarán tener una reunión en la Secretaría de Gobernación. La elección del campo militar responde al reclamo que llevan haciendo hacia el Ejército mexicano para que sea entregada la información faltante en las investigaciones sobre el caso y poder dar con el paradero de sus amigos, compañeros y familiares.
“Nos encontramos en el batallón Campo Militar 1, donde se encuentra la información de todos los batallones del país”, ha dicho a la agencia de noticias EFE Mario González, padre de César Manuel González, uno de los 43 estudiantes desaparecidos. “No son más que unos criminales, unos cobardes con armas”, asegura, refiriéndose no solo a lo ocurrido aquel 26, sino a la protección de las instalaciones del Ejército, que incluye alambres de púas, barricadas y cientos de soldados.
Las familias de los 43 estudiantes desaparecidos han pedido al presidente, Andrés Manuel López Obrador, documentos de inteligencia militar que contendrían conversaciones de integrantes del grupo Guerreros Unidos, en la época del ataque contra los normalistas. Se trata de información pedida muchs veces, solicitud encabezada estos años por el GIEI, el grupo de investigadores independientes que la CIDH ha comisionado a México estos años. El mes pasado, el GIEI decidió dejar las pesquisas, en parte por la opacidad del Ejército. Las familias enfrentan ahora solas al aparato del Estado.
Desde Palacio Nacional, la narrativa es distinta. López Obrador ha señalado que su Gobierno ha colaborado, que toda la información acumulada se ha entregado a las autoridades correspondientes.
