Acusando a la presión social y ante una serie de actos de corrupción que se le atribuyen al secretario general de Gobierno de Sinaloa, Enrique Inzunza Cázares, a través de diversas plataformas digitales se envió un texto de advertencia para que renuncie a su cargo, por el presunto acoso sexual perpetrado en contra de Ana Karina Aragón Cutiño, juez de primera instancia de control y enjuiciamiento penal en la entidad.
En una carta, se detalla que, en caso de no renunciar a su cargo antes de finalizar este mes, filtrarán y difundirán el contenido que prueba, de manera explícita, el acoso sexual que sufrió en 2017 la jueza Ana Karina Aragón Cutiño, cuando Inzunza Cázares se desempeñaba como presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Sinaloa.
Cientos de mensajes circulan hoy en WhatsApp y mensajes de texto, así como llamadas telefónicas, las cuales aseguran que las pruebas del delito que cometió Inzunza se conocerán el 1 de octubre.
La difusión está programada con un Palmer de video y reloj en cuenta regresiva, se publicará en la página web enriqueinzunza.com, en la que también lo señalan de nepotismo por tener en la nómina del estado y del Poder Judicial al menos a 22 familiares.
En conferencia semanal, el gobernador Rubén Rocha Moya minimizo el delito que cometió su secretario de Gobierno y culpó al Partido Sinaloense (PAS) de estar llamando y enviando mensajes y señaló que son puros “mitotes”.
“Que no amenacen, que publiquen todo lo que quieran, ¿cuál es el problema? Que no mande decir, que lo hagan, punto”, dijo el mandatario estatal.
“No podemos aclarar nada, esos rumores no merecen nuestras aclaraciones”, señaló el mandatario.
Inzunza Cazares, quien se encontraba presente en la rueda de prensa, sentado al lado del gobernador, aseguro que no fue notificado y asumió con la cabeza lo declarado por Rocha Moya, quien insistió en no saber que paso con el caso, pues dijo, que para poder aclarar se necesita notificaciones judiciales.
Cabe destacar, que en su momento Aragón Cutiño denunció el hecho ante las autoridades correspondientes, pero el caso no se resolvió, por el contrario, en 2019 acusó que la Secretaria de Seguridad Pública estatal (SSP) le retiró la escolta que tenía asignada desde 2018, por lo que dijo temer por su vida.
