El inicio del periodo ordinario de sesiones estará marcado por los ajustes presupuestales que ya se perfilan.
En la Cámara de Diputados se prevén recortes de entre 15 mil y 24 mil millones de pesos a 20 rubros de gastos que actualmente tienen la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura.
La propuesta de Paquete Económico 2024 del Ejecutivo federal debe entregarse a los legisladores a más tardar el próximo viernes; el límite para su aprobación es el 15 de noviembre.
Mientras tanto, gastos en jardinería, bonos de compensación o pago de seguros médicos, de separación individualizada o de protección para jueces son algunos de los rubros de la Suprema Corte que son revisados bajo la lupa morenista en San Lázaro. De acuerdo con el diputado Hamlet García Almaguer, en el gasto de la Corte hay “muchos conceptos frívolos e innecesarios desde la perspectiva de Morena”.
En entrevista con Excélsior, dijo que en el Consejo de la Judicatura también hay “áreas de oportunidad” para reducir el presupuesto del Poder Judicial. Igualmente se habla de márgenes de ajuste en el INE y no se descarta revisar gastos del Inai.
Otro monto cuestionable para Morena es el de 146 millones de pesos para contratar vigilancia privada en la Corte, aunque luego solicita el apoyo no pagado de la Guardia Nacional, del Servicio de Protección Federal y de la Policía capitalina, dijo García Almaguer.
Aun cuando parte de la oposición ha dicho que defenderá la independencia de los órganos autónomos al considerarla amenazada por la asfixia presupuestal, los representantes del PAN, PRI y PRD carecen de los votos suficientes para parar un nuevo tijeretazo.
EN LA MIRA, GASTOS “FRÍVOLOS” DEL PODER JUDICIAL
La advertencia de Morena en la Cámara de Diputados de que usará su mayoría y el apoyo de sus aliados del PT y del PVEM para ajustar a la baja el presupuesto de organismos autónomos y del Poder Judicial estaría marcando el periodo ordinario de sesiones iniciado el viernes 1 de septiembre.
Se maneja un eventual recorte de entre 15 mil y 24 mil millones de pesos que podría ajustarse en al menos 20 rubros de los gastos que actualmente tienen la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura.
Y aun cuando parte de la oposición anuncia que defenderá la independencia de los poderes, al considerarla amenazada por la asfixia presupuestal, los representantes del PAN, PRI y PRD carecen de los votos suficientes para parar un nuevo tijeretazo.
Los legisladores de la mayoría legislativa hurgan dónde y cómo aplicar un recorte para el presupuesto de 2024, una tendencia que se ha mantenido cada año en el actual sexenio, adelgazando las asignaciones del Poder Judicial, el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).
Tratándose de instituciones con autonomía, éstas presentan sus requerimientos presupuestales a la Secretaría de Hacienda que, sin modificaciones, los incluye en el proyecto de egresos.
Pero, como la Constitución lo indica, es atribución de la Cámara de Diputados determinar y aprobar el reparto de los recursos públicos.
El paquete económico con la propuesta del Ejecutivo federal será entregado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a más tardar el próximo viernes.
A partir de ese momento, los diputados comenzarán su disección, a fin de aprobarlo antes del 15 de noviembre, dejando la sorpresa de los recortes definitivos para las últimas horas del debate presupuestal.
PRIORIDADES Y FOCOS DE ATENCIÓN
Gastos en jardinería, bonos de compensación o pago de seguros de protección para jueces son algunos de los rubros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que actualmente son revisados bajo la lupa morenista en San Lázaro.
Hasta ahora, en voz del jefe parlamentario de la bancada mayoritaria, Ignacio Mier Velazco, y otros legisladores, se ha ventilado el interés de quitar recursos tanto a la SCJN como al Consejo de la Judicatura.
Pero igualmente se habla de los márgenes de ajuste que todavía quedan en el INE y no se descarta la revisión de los gastos del Inai.
Es una responsabilidad de la mayoría acompañar el Presupuesto de Egresos de la Federación”, define el diputado Hamlet García Almaguer.
Prevé que esta vez los recursos a repartir estarán ascendiendo a 9 billones de pesos, en contraste con los 8.3 billones de pesos que se ejercieron en este año.
Las prioridades para las bancadas de Morena y sus aliados del PT y el PVEM están marcadas: los proyectos de infraestructura para que se concluya el Tren Maya, la ampliación del Aeropuerto de Tulum y proyectos de agua en diversos puntos de la República, así como la cobertura de derechos y programas sociales.
Existen focos de atención, contrasta García Almaguer: el INE y el Poder Judicial.
¿JARDINES EN LA CORTE?
Adelanta el legislador García Almaguer que la bancada ha tenido acceso a documentos del Poder Judicial que “revelan aspectos muy preocupantes como son los gastos millonarios en seguro de gastos médicos privados, en seguros de separación individualizada que son privilegios que aquí en la Cámara ya se eliminaron y que el Instituto Nacional Electoral ya no han aceptado los nuevos consejeros”.
Morena quiere que los ministros eliminen esas asignaciones del presupuesto.
Se refiere a la partida 15-402 correspondiente a “Compensación garantizada” por mil 47 millones de pesos, referente a pagos adicionales al salario para ministros, secretarios y funcionarios de la Corte de manera mensual o trimestral.
Otro monto cuestionable para Morena es el de 146 millones de pesos para contratar servicios de vigilancia, cuando al mismo tiempo solicitan el apoyo no pagado de la Guardia Nacional y del Servicio de Protección Federal y de la Secretaría de Seguridad Pública de la CDMX.
No sé si esos 146 millones de pesos que solicitan para vigilancia se refieren a personal que pueda custodiar a los ministros de la Suprema Corte o a sistemas de circuito cerrado. Y ahí veo una contradicción porque solicitan el apoyo de las fuerzas de seguridad pública y al mismo tiempo tienen estos contratos tan voluminosos en la materia”, coteja.
Ilustra García Almaguer que existe una partida para jardinería. “Es un concepto de 4 millones de pesos. Y he tenido la oportunidad de visitar la Suprema Corte en varias ocasiones y yo no recuerdo que tenga jardines al interior del recinto”.
Dice que la lista de los focos de atención es larga y que incluye “prendas de protección personal y no sé si compren chalecos antibalas”. Ahí también son 4 millones de pesos.
Plantea que, en lo que a la Corte se refiere, advierte “muchos conceptos frívolos e innecesarios desde la perspectiva de Morena”.
Señala que igualmente en el Consejo de la Judicatura existen “áreas de oportunidad” para reducir el presupuesto del Poder Judicial.
Enumera también los llamados “pagos por riesgos” que ascienden a 7 millones de pesos para jueces y magistrados en material penal.
EN EL INE AÚN HAY TELA DE DÓNDE CORTAR
Discursivamente, la bancada mayoritaria en San Lázaro tiene otra actitud con el INE, cuya consejera presidenta, Guadalupe Taddei, acudió este viernes a los trabajos preparatorios de los morenistas para el periodo legislativo.
Si bien los legisladores morenistas aplaudieron en voz del vicecoordinador Leonel Godoy la actitud de humildad -ése fue el término que utilizó- de la funcionaria electoral al exponerles los detalles del proyecto presupuestal del INE, no está descartada la posibilidad de un recorte presupuestal.
Reconocemos que hay un esfuerzo de Taddei y de los nuevos consejeros de reducir el gasto dentro del INE. “Pero no es suficiente”, señala García Almaguer, enlace legislativo de Morena ante el Consejo General del Instituto.
Vemos áreas de oportunidad en la reutilización de materiales electorales de procesos anteriores. (…) hay que ver el apartado de compras de vehículos o arrendamientos, y si los que están todavía funcionan o son operativos.”
Creo que hay que evolucionar en la capacitación electoral porque sigue siendo de manera presencial y esto implica un gasto de miles de millones de pesos”, señaló.
Comentó el diputado por Jalisco que, en el caso del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sí ha habido una evolución, ya que desde la Escuela Judicial se realizan muchas actividades vía conexión virtual.
De manera que, para el INE, García Almaguer considera viable crear un modelo híbrido de capacitación que también sea virtual.
COBIJA SOCIAL CRECE
De acuerdo con la consultoría Analítica Parlamentaria, a cargo de Israel Tello e Itzel Villicaña, entre otros especialistas, una vez que el 8 de septiembre se reciba el paquete económico, resaltará el aumento de 25% que se propondrá a las pensiones de los adultos mayores para el año 2024.
Esto, se indica en ese análisis, anticipa recortes en otras funciones del gasto.
Es altamente probable que los programas sociales sean las funciones del gasto más beneficiadas del Proyecto de Egresos de la Federación y que las peticiones por mayor gasto en infraestructura sean relegadas”, se alerta en el reporte.
Se precisa que esa solicitud ha provenido el CCE, Coparmex y Canacintra en días recientes.
Son reclamos conocidos y desdeñados. Y los morenistas están acostumbrados a batearlos.
E igualmente están acostumbrados a realizar recortes y, por lo tanto, cuentan con evidencias de que, al final, varios son los órganos autónomos que han salido adelante después de los ajustes a la baja que de 2018 a la fecha se aplican.
García Almaguer enumera cuáles han cumplido sus tareas constitucionales con menos dinero: Banco de México, Inegi, Inai y CNDH.
Los recursos que se deriven de los eventuales recortes serán canalizados a los programas sociales en marcha y a los cambios que en la materia enviará el Presidente de la República.
Con mil millones de pesos, pondera el diputado García Almaguer, se puede construir un hospital de segundo nivel.
ADVERTENCIA DE MIER
Hasta ahora el jefe de la bancada de Morena, el diputado Mier Velazco, ha manejado ya cifras de los eventuales recortes al Poder Judicial:
El 13 de agosto pasado informó en un comunicado que se habían detectado gastos innecesarios de entre 15 a 25 mil millones de pesos.
Señaló que, dentro de estos gastos superfluos, había una partida de 3 mil millones de pesos destinados a reparaciones de domicilios particulares.
