El Congreso del Estado de Sinaloa dio un paso adelante en la regulación del uso de artefactos punzocortantes conocidos como “ponchallantas”, al dar lectura en el Pleno a un dictamen que propone castigarlos penalmente con prisión de hasta diez años.
El documento, elaborado por la Comisión de Justicia, plantea la adición del artículo 264 Bis al Código Penal del Estado, con el fin de establecer sanciones para quienes utilicen estos objetos con la intención de obstaculizar el tránsito vehicular o causar daño a terceros.
https://a7d405d5b9d884da89f91b80ca79878c.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-45/html/container.html El texto del artículo establece que:
“Se impondrá una pena de tres a diez años de prisión, y de cien a quinientos días multa, y el decomiso de los objetos utilizados, a quien coloque o arroje en vías de comunicación objetos punzocortantes que obstaculicen el tránsito vehicular. Se incluyen, entre otros, estrellas metálicas, abrojos, erizos, varillas o cualquier artefacto similar elaborado con materiales de acero o de cualquier otro material, comúnmente conocidos como ‘ponchallantas’”.
Además, se sancionará de igual forma a quienes participen en la fabricación, comercialización o distribución de estos objetos:
“La misma pena se aplicará a quien fabrique, distribuya, comercialice o facilite la obtención de estos objetos con el propósito de ser utilizados para obstaculizar el tránsito vehicular o causar daño a terceros.
Para efectos de este artículo, se entiende por vía de comunicación a las calles, bulevares, caminos, veredas, terracerías, avenidas, carreteras, autopistas o libramientos”.
El dictamen también contempla el incremento de la pena hasta en una mitad cuando se involucre a menores de edad en la comisión del delito, o si el autor es un servidor público en funciones o lo fue en los cinco años previos.
Esta propuesta se basa en dos iniciativas: una impulsada por el grupo parlamentario de Morena y otra presentada por los ciudadanos José Luis Ricardo López Enríquez, Luis Rosales Zagal, Francisco Villarreal Gastélum y Juan Bautista Lugo Corrales.
Tras su lectura, el dictamen fue turnado para una segunda ronda de análisis, discusión y, en su caso, aprobación por parte del Congreso del Estado.
