A un año del desplome de un barandal en el bar Rich, ubicado en la plaza Alttus de San Luis Potosí, persisten los reclamos de justicia por parte de las familias de las víctimas. El accidente cobró la vida de Manuel, de 21 años, y Roy, de 17, además de dejar ocho jóvenes heridos, dos de ellos con secuelas permanentes.
El sitio del siniestro permanece acordonado con cintas y sellos de clausura. El cristal que se desplomó desde el tercer nivel aún no ha sido repuesto, y trabajadores continúan realizando reparaciones que siguen inconclusas.
Ramón Infante, padre de Manuel, denunció que si bien tres personas, Nancy “N”, Francisco “N” y Ulises “N”, fueron detenidas como presuntos responsables por operar el lugar con permisos irregulares, funcionarios estatales y municipales siguen sin ser procesados. Acusa que autoridades de Protección Civil, Gobernación, Comercio y Coepris permitieron que el lugar operara bajo la fachada de restaurante, sin controles reales de seguridad.
El padre señala que el proceso judicial sigue sin sentencia, mientras que familias como la de Isabella, una joven que ha sido sometida a 15 cirugías tras la caída al interior del bar Rich, enfrentan la indiferencia de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), que no ha entregado documentación clave para el avance del caso.
Tras la presión social, el Ayuntamiento capitalino modificó el reglamento de comercio para cancelar licencias a locales que permitan el acceso a menores. No obstante, los familiares consideran que estas medidas llegan tarde y son insuficientes.
“La corrupción no ha desaparecido; sigue intacta, protegida desde los cargos públicos”, denunció Infante.
