Culiacán, Sinaloa (RI Noticias).- A pesar de los operativos de revisión que se realizan de manera constante en los centros penitenciarios de Sinaloa, las autoridades reconocen que aún se siguen encontrando artefactos ilícitos en el interior de las instalaciones.
La vocera de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), Verona Hernández Valenzuela, señaló la importancia de estos operativos y de contar con controles de acceso eficientes, complementados con revisiones aleatorias, aunque no se tiene certeza de si los objetos prohibidos han estado presentes por años o si continúan ingresando a pesar de las inspecciones.
Detalló, que un factor que dificulta el control es la antigüedad y el deterioro de la infraestructura de los penales aunque también reconoció que sí existe un interés por mantener la ingobernabilidad en algunos centros, lo que indica la necesidad de intervenciones coordinadas y constantes.
“En cuanto los penales primero debo destacar que los operativos de revisión serán recurrentes. Los penales deben tener controles eficientes en los accesos que se complementan por revisiones aleatorias constantes. No se tiene la certeza si estos materiales prohibidos estaban ahí desde hace muchos años o si siguieron entrando a pesar de toda las revisiones que se han estado realizando. Hay que señalar que las instalaciones del penal son muy antiguas y cuenta con una infraestructura que se ha deteriorado con el paso del tiempo, lo que permite que las personas privadas de la libertad puedan esconder cosas en muchos sitios”.
Agregó, que por primera vez en Sinaloa, estas revisiones se están llevando a cabo de manera coordinada con la Guardia Nacional y áreas especializadas en la inspección de penales, contando además con el apoyo perimetral del Ejército Mexicano. Esta estrategia, establecida por el titular de la SSPE, General Óscar Rentería Schazarino, busca fortalecer la seguridad y el orden al interior de los centros penitenciarios.
Finalmente, la vocera enfatizó que se continuará trabajando en la identificación y sanción de posibles funcionarios que colaboren con el ingreso de materiales ilícitos, bajo una política de cero tolerancia ante la corrupción.
