La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, promulgada en 2014, ha sido objeto de críticas por parte de especialistas y activistas, quienes señalan que sus disposiciones no son suficientes para evitar que el crimen organizado acceda a concesiones en el sector de las telecomunicaciones.
Dentro del Senado de la República se llevó a cabo el primero de cinco conversatorios para analizar la Ley de Telecom denominado “Análisis de las Políticas de Telecomunicaciones y Radiodifusión”, el cual duró más de seis horas, contó con la participación de 25 especialistas y revisaron temas de seguridad y las diversas formas con las que se puede impedir el ingreso del narco a la ley.
“Les reitero que estos son resultados de una empatía, inquietudes genuinas y que las ideas y argumentos, no las fobias ni las magnificaciones, serán lo que verdaderamente enriquecerá la ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión”, afirmó el secretario de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, Javier Corral.
Uno de los principales puntos que retomó el conversatorio es la preocupación de la obligación impuesta a las empresas de telecomunicaciones de almacenar los datos de geolocalización de los usuarios durante años.
Óscar Mondragón, del Colectivo Libre Internet para Todos, advirtió que esta medida podría facilitar que secuestradores o narcotraficantes accedan a información sensible de los ciudadanos, especialmente en un contexto de corrupción institucional.
Además, la ley permite que el Ministerio Público solicite la localización en tiempo real de dispositivos móviles sin necesidad de una orden judicial. Activistas como Jesús Robles Maloof, señalaron que esto representa un riesgo significativo para periodistas y defensores de derechos humanos, quienes podrían ser rastreados y perseguidos en estados con altos niveles de violencia.
Otro de los puntos relevantes fue la búsqueda de una ley o una serie de puntos que blinden a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, pues actualmente, la excomisionada presidenta del IFT, Adriana Lombardi Inzunza, resaltó que debe existir una pronta atención legal.
“No tiene (la Ley) una cláusula que diga el espectro, o se una o se comparte, pero sea asignado o concesionado no puede tenerse en un cajón sin utilizarse. Segundo, tuvimos serios problemas porque no tenemos las herramientas legales de impedir que solicitantes de concesiones vinculados a grupos económicos vinculados al crimen organizado sean concesionarios o autorizados. Lo va a tener la agencia”, apuntó.
Intervenciones de ONGs y antecedentes del narcotráfico dentro de las telecomunicaciones
La ONG Artículo 19 también ha expresado su preocupación, indicando que la ley viola derechos humanos fundamentales, como la privacidad y la libertad de expresión. En un comunicado, la organización destacó que la legislación permite la censura de contenidos en Internet sin necesidad de una orden judicial, lo que podría ser aprovechado por grupos criminales para silenciar voces críticas.
En la práctica, se han documentado casos en los que el crimen organizado ha establecido redes de telecomunicaciones ilegales. Por ejemplo, en Michoacán, el grupo criminal “Los Viagras” operaba una red de internet clandestina, obligando a los habitantes a contratar sus servicios bajo amenazas de violencia.
Empresas del sector, como Megacable, han reportado extorsiones y sabotajes por parte de grupos criminales y autoridades locales. En algunos municipios, se les ha exigido el pago de “derechos de piso” para permitir la instalación de infraestructura, y en casos extremos, se les ha cortado el suministro eléctrico para presionarlos.
Ante este panorama, especialistas y organizaciones civiles han propuesto reformas a la ley que incluyan mayores garantías para la protección de datos personales y mecanismos más estrictos para la asignación de concesiones. También han solicitado que se fortalezca la supervisión y se establezcan controles más rigurosos para evitar que el crimen organizado infiltre el sector de las telecomunicaciones.
En conclusión, la Ley de Telecomunicaciones, presenta vacíos legales que podrían ser explotados por el crimen organizado para obtener concesiones y operar redes ilegales. Es imperativo que se realicen reformas que fortalezcan la seguridad y la transparencia en el sector, protegiendo así los derechos de los ciudadanos y la integridad de las comunicaciones en el país.
