Citando convenciones que obligan al Estado mexicano a proteger a niñas, niños y adolescentes (NNA) del reclutamiento forzado, diputados del PVEM, PAN y PRI han lanzado un SOS para que el Congreso actúe ya ante esta creciente conducta del crimen que podría convertirse en un daño estructural.
Se trata de seis iniciativas de reforma a diversos artículos de leyes diversas y del Código Penal Federal.
La mayoría de las propuestas fueron presentadas a partir del hallazgo, el 5 de marzo anterior, del centro de reclutamiento del crimen organizado en un rancho de Teuchitlán en Jalisco.
Sin embargo, las iniciativas contienen detallados diagnósticos que dan cuenta de la omisión del Estado mexicano desde 2015, cuando Naciones Unidas le alertó que “el Comité de Derechos del Niño está profundamente preocupado por la falta de tipificación del reclutamiento de niñas y niños por grupos armados como los grupos del crimen organizado”.
Entonces, en las recomendaciones, se leyó además que a Naciones Unidas le preocupaban “la insuficiencia de las medidas adoptadas para prevenir el reclutamiento continuo de niñas y niños por grupos armados y la falta de protección y de apoyo psicosocial a niñas y niños víctimas”.
Ese recordatorio es parte de la exposición de motivos de la iniciativa que presentó en tribuna en marzo el diputado Héctor Saúl Téllez, suscrita por la bancada de Acción Nacional, y en la cual se afirma que México sigue sin cumplir con el denominado Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, relativo a su participación en conflictos armados.00:02
PREOCUPA ALCANCE ESTRUCTURAL
Mientras la oposición señala que el problema creció en los últimos años, compartiendo una visión crítica sobre la política en seguridad que se aplica desde 2018, las propuestas del PVEM confían en que la actual estrategia gubernamental permitirá atajar el enrolamiento precoz en las filas criminales.
Sin embargo, desde ambas posturas, los parlamentarios asumen la gravedad y la complejidad que el tema entraña; comparten sus respectivas definiciones
“El reclutamiento forzado requiere una respuesta integral y coordinada por parte de la sociedad y el Estado”, expuso el 25 de febrero la diputada Delia María González Flandes del PVEM.
Su iniciativa de reforma al artículo 201 del Código Penal Federal fue formulada antes del caso Teuchitlán.
Presentada el 25 de marzo, la iniciativa de los diputados del PRI que lidera su coordinador Rubén Moreira Valdez señala que “el fenómeno de uso de niños en actividades delictivas se debe en buena medida a la falta de oportunidades y de la incapacidad por parte del gobierno para garantizar los derechos de la niñez. En este respecto se estima que en el país existen alrededor de 5.2 millones de NNA que se encuentran en situación de calle y que ven como única opción de desarrollo el pertenecer a un grupo criminal”.
Bajo la advertencia de que “el crimen organizado nos está aquí quitando a nuestros jóvenes y a nuestros niños para convertirlos en sicarios”, la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán (PAN), informó el lunes anterior que presentaría una propuesta para crear el delito de reclutamiento criminal voluntario y forzado.
PENAS DIVERSAS
Los castigos propuestos van de los 15 a los 140 años de prisión, endureciendo diversos artículos del Código Penal Federal e introduciendo el tema con todas sus letras en diversos ordenamientos.
En conferencia de prensa, el 12 de marzo, la diputación de Acción Nacional anunció un paquete de reformas en materia de seguridad, incluyendo la de reclutamiento forzado contra NNA que el día 19 se presentó en tribuna:
Hacemos el llamado respetuoso para modificar el Código Penal, y que la actividad criminal, con una pena que vaya de entre 80 a 140 años de prisión”, detalló.
González Flandes prevé que también se considere que este delito se da cuando se obliga a alguien con menos de 18 años a colaborar con el crimen organizado y elimina la palabra “menores para que sea sustituida por niños, niñas y adolescentes”.
En el mismo sentido, el diputado Guillermo Anaya Llamas (PAN) propuso actualizar el delito de corrupción de menores mediante una iniciativa que se publicó en la Gaceta Parlamentaria el 12 de marzo pasado.
Para ello promueve tipificar a quien manipule o reclute a una o varias personas menores de 18 años o una o varias personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o una o varias personas que no tengan capacidad para resistirlo a realizar actor relativos al tipo penal.
CÁRCEL Y CANDADOS
El diputado Julio Javier Scherer Pareyón (PVEM) hizo otra propuesta el 9 de abril, para introducir cambios a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, del Código Penal Federal y de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
Planteó el legislador del Verde incorporar como delito de corrupción de menores al reclutamiento forzado y/o voluntario en el Código Penal Federal y sancionar a los adultos que, haciéndose pasar por menores de edad, establezcan contacto con niñas, niños y adolescentes a través de internet.
Scherer Pareyón busca que sólo las personas mayores de 16 años puedan abrir cuentas en redes sociales.
DEFINIENDO EL DELITO
En su iniciativa, la diputada López Rabadán sostiene que por “reclutamiento” debe entenderse “la circunscripción o alistamiento de personas en cualquier tipo de fuerza armada o grupo armado”, y debe entenderse a los “grupos armados” como “aquellos distintos a las Fuerzas Armadas”.
Señala la exsenadora que “el reclutamiento forzado es una conducta pluriofensiva que debe definirse en el caso de México como aquella conducta de una persona o un grupo que, mediante actos de sustracción, captación, amenaza, intimidación, rapto, engaño, uso de la fuerza u otras formas de coacción, obligue a otro a unirse a un grupo de la delincuencia organizada para realizar cualquier actividad delictiva”.
La parlamentaria considera que la actual penalización de 10 a 20 años de prisión y de un mil a 20 mil días multa, a quien utilice a personas menores de 18 años, describe la conducta de captar personas para cometer ilícitos, “pero no el horror de los entrenamientos, ni las actividades que en ellos realizan, por lo que urge una legislación que castigue adecuadamente las conductas, establezca protocolos mínimos de actuación y en dado caso, sanciones para las autoridades omisas en esa materia”.
Plantea incluir el reclutamiento criminal dentro de los delitos contra la seguridad de la nación y se sancionará de 15 a 30 años de prisión.
López Rabadán incluye otra definición para quienes “mediante actos de sustracción, captación, amenaza, intimidación, rapto, engaño, uso de la fuerza u otras formas de coacción, obligue a otro a unirse a un grupo de la delincuencia organizada”, fijando penas de 30 a 50 años.
Adicionalmente, planea aumentar en dos terceras partes las penas cuando las víctimas sean menores de 18 años y sean enroladas en el adiestramiento en el uso de armas de fuego y explosivos, armas químicas, armas biológicas, explosivos, drones o cualquier tipo de tecnología de combate, así como tácticas de guerra, guerrilla o de combate; y cuando se obligue a las víctimas a cometer delitos contra la vida y la integridad corporal.
VISIBILIZAN VIOLENCIA PSICOLÓGICA
La bancada del PRI también propuso que el delito de reclutamiento forzado se tipifique en el Código Penal Federal, a fin de castigar a quien “por medio del engaño, la extorsión, el maltrato, chantaje, intimidación, violencia psicológica o física, reclute, induzca, coaccione u obligue a una persona a colaborar con organizaciones delictivas, terroristas o grupos del crimen organizado”.
La propuesta del diputado Moreira Valdez prevé que ese delito sea castigado con una pena de entre 15 y 30 años de prisión y cuando la víctima sea menor de 18 años se incrementará al doble.
Propone imponer una pena de entre 20 y 60 años a quien participe, administre, financie, dirija, comande, colabore o facilite la operación de sitios para el reclutamiento y entrenamiento de personas para colaborar de manera voluntaria o forzada en organizaciones criminales, terroristas o del crimen organizado.
