El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha ordenado al Gobierno de Donald Trump que suspenda temporalmente las expulsiones hacia El Salvador de migrantes acusados de pertenencia a organización terrorista amparadas en la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798.
“Se ordena al Gobierno no trasladar a ningún miembro de la supuesta clase de detenidos desde Estados Unidos hasta nueva orden de este Tribunal”, reza la orden del Supremo publicada este sábado, con la opinión contraria de los magistrados conservadores Clarence Thomas y Samuel Alito.
La orden afecta particularmente a los detenidos ahora mismo en el centro de detención de Bluebonnet, en el norte del estado de Texas, acusados de formar parte de la organización criminal Tren de Aragua. Al declarar a esta organización como entidad terrorista, la Administración Trump argumenta que acabó facultada para aplicar esta polémica norma, redactada en el siglo XVIII para su uso en tiempo de guerra.
La ley es de 1798 y solo se ha invocado en tres ocasiones, la más reciente durante la Segunda Guerra Mundial para recluir a civiles estadounidenses de origen japonés en campos de internamiento. La Administración Trump acabó empleando la ley para expulsar “en caliente” a los migrantes que identificaban como miembros de esta organización criminal, independientemente de su estatus migratorio y sin cumplir el protocolo necesario.
Periplo judicial por las deportaciones
La decisión se ha tomado después de que abogados de derechos humanos de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) presentaran un recurso de urgencia. Los magistrados han señalado que algunos de los detenidos estaban siendo trasladados de manera inminente, lo que no les había dado el tiempo requerido para pedir la impugnación de manera tradicional. La Casa Blanca aún no ha hecho comentarios sobre las acusaciones ni la decisión del tribunal.
Este es un nuevo episodio del periplo judicial estadounidense sobre esta norma. El pasado 8 de abril el Tribunal Supremo de Estados Unidos levantó la orden de un tribunal federal que bloqueaba las deportaciones sumarias de venezolanos y decía que debían llevarse a cabo siguiendo ciertos límites como notificar el traslado a aquellos que van a ser deportados y darles un “tiempo razonable” para apelar la decisión. Hasta entonces, unos 200 venezolanos ya habían sido deportados y encarcelados en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la prisión salvadoreña de máxima seguridad.
Mientras continúa también la polémica por Kilmar Abrego, el hombre deportado de EE.UU. a una cárcel de El Salvador por error. Este sábado un senador demócrata se ha reunido con él y ha asegurado que el detenido está “traumatizado” por su reclusión en CECOT, prisión sobre la recaen denuncias de abusos a los derechos humanos.
