El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) instó al gobierno mexicano a establecer un marco legal que tipifique como delito el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por parte del crimen organizado.
Fernando Carrera, representante de Unicef en México, enfatizó que la ausencia de una tipificación específica contribuye a la percepción errónea de que este fenómeno es cultural, cuando en realidad es una actividad criminal que vulnera los derechos fundamentales de la infancia.
Diversos factores, como la violencia doméstica, la pobreza, la deserción escolar y la cercanía familiar al crimen organizado han facilitado que menores sean cooptados por grupos delictivos.
Una vez dentro, estos niños y adolescentes son utilizados en actividades que van desde labores domésticas hasta funciones de vigilancia y participación directa en actos violentos.
¿Cómo están las cifras de reclutamiento infantil?
Según datos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), se estima que entre 35 y 460 mil menores han sido reclutados por el crimen organizado en los últimos años.
Carrera subrayó la necesidad de desarrollar políticas públicas enfocadas en la prevención, atención y recuperación de los menores afectados, resaltando que deben ser vistos como víctimas y no como victimarios. “Los grupos delictivos los involucran en actividades criminales a edades donde su juicio es muy limitado como para poder tomar una decisión correcta”, señaló.
Además, enfatizó que la responsabilidad debe recaer en los adultos que los reclutan, independientemente de las tareas asignadas a los menores.
La Red por los Derechos de la Infancia en México ha alertado que siete estados concentran más de la mitad de la población infantil en riesgo de ser reclutada: Estado de México, Jalisco, Chiapas, Puebla, Guanajuato, Veracruz y Michoacán.
Unicef también ha reconocido avances a nivel estatal, como la reforma al Código Penal del Estado de Hidalgo en agosto de 2023, que penaliza el reclutamiento de menores para actividades delictivas.
Sin embargo, la organización considera que es fundamental una legislación a nivel federal que aborde de manera integral este problema y atienda las causas estructurales que lo originan.
La implementación de un marco legal específico y la creación de políticas públicas efectivas son esenciales para proteger a la niñez mexicana y garantizar su derecho a un desarrollo pleno y seguro, libre de la influencia del crimen organizado.
