Culiacán, Sin (RI Noticias).- La Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad Pública (CG CESP) presentó el estudio Ciudadanos Evaluando 2024, el cual ofrece elementos clave para entender el impacto de la violencia generada por el crimen organizado en la población.
Miguel Calderón Quevedo, Coordinador General del CESP, destacó que las tres fracturas recientes dentro del cártel dominante en Sinaloa, en los últimos 20 años, demuestran la urgencia de complementar las acciones concretas con estrategias orientadas a evitar la repetición de los delitos.
Durante la presentación del estudio, acompañado del consejero ciudadano Gustavo Rojo, Calderón reconoció el trabajo de las fuerzas de seguridad y militares en el estado, sin embargo, indicó que la estabilidad lograda es frágil y vulnerable a las dinámicas del crimen organizado, a pesar de los esfuerzos del Estado.
“Para instaurar la paz duradera necesitamos complementar los esfuerzos policiales con un verdadero y eficaz sistema de justicia restaurativa, en el que se cumplan los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición”,
Dijo que Ciudadanos Evaluando es un análisis anual que examina la incidencia delictiva en relación con los impactos socioeconómicos en los contextos municipal, estatal y nacional, además de hacer proyecciones a través de diversas perspectivas temporales.
Asimismo, explicó que el perfil de la incidencia delictiva en 2024 estuvo marcado por un aumento de los delitos relacionados con el crimen organizado destacando la privación ilegal de la libertad en 93% y extorsión 88%, homicidio doloso 86%.
Ante la persistente inseguridad en Sinaloa, el CG CESP recomendó lo siguiente aumentar el presupuesto destinado a seguridad y justicia, ya que Sinaloa se encuentra entre los estados con menor inversión en este ámbito, ampliar las fuerzas de seguridad en la Policía Estatal y Municipal, así como en la Fiscalía General del Estado, adoptar modelos exitosos de justicia penal acusatoria para reducir la impunidad y mejorar la efectividad del sistema judicial, construcción de nuevos centros penitenciarios, fortalecer las medidas para combatir la privación ilegal de la libertad e implementar políticas de desmovilización y reinserción social para jóvenes involucrados en el crimen organizado.
