Los acusados extranjeros enviados a Estados Unidos casi nunca enfrentan la pena capital, por graves que sean las acusaciones que pesan contra ellos. Pero cuando un célebre líder del narcotráfico llegó de México al tribunal federal de Brooklyn el mes pasado, acusado, entre otras cosas, de asesinar a un agente federal estadounidense, los fiscales del Distrito Este de Nueva York dijeron que podría ser condenado a muerte.
Los fiscales aún tendrían que solicitar formalmente la pena capital para el narcotraficante, Rafael Caro Quintero, antes de un juicio para el que podrían faltar meses o años. Pero sea lo que sea lo que ocurra, el episodio representa un cambio radical para ambos países, y refleja cómo está respondiendo México a la agresiva política exterior del presidente Donald Trump en el continente y más allá.
El caso destaca porque históricamente México había enviado a delincuentes a Estados Unidos solo con la condición de que no fueran ejecutados, una disposición de su acuerdo de extradición con Washington.
Sin embargo, en lugar de pasar por el engorroso procedimiento de extradición, México simplemente envió a Caro Quintero y a otras 28 figuras del narcotráfico, como permite una ley de seguridad nacional. La medida da al gobierno mexicano flexibilidad para acelerar los traslados y significa que Caro Quintero y al menos otros cuatro presos enviados a Estados Unidos el mes pasado podrían enfrentarse también a la pena de muerte.
Para México, la decisión supone una ruptura con la antigua política del país de proteger a sus ciudadanos de la pena capital. Para Estados Unidos, hace posible la visión punitiva de la justicia de Trump, de la que la pena de muerte es una herramienta esencial.
Un acuerdo
México ha luchado encarnizadamente durante décadas para impedir que el gobierno estadounidense ejecute a sus ciudadanos. El tratado de extradición, cuya forma está en vigor desde la década de 1970, estipula que el país que solicite a un acusado no puede imponer la pena de muerte si esta no existe en el país de origen del acusado. México no aplica la pena capital desde la década de 1960, aunque no se abolió oficialmente hasta 2005.
Los distintos puntos de vista de ambos países han tensado las relaciones. En 2002, el entonces presidente de México, Vicente Fox, canceló un viaje para visitar al presidente George Bush en protesta por la inminente ejecución de un ciudadano mexicano. En 2003, México recurrió al más alto tribunal de las Naciones Unidas por las condenas a muerte que el gobierno estadounidense había impuesto a 51 ciudadanos mexicanos.
En 2017, México accedió a extraditar al narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, ‘El Chapo’, con la condición de que los fiscales del Distrito Este no solicitaran la pena de muerte. Fue condenado a cadena perpetua en 2019.
Emily Edmonds-Poli, profesora de ciencias políticas y relaciones internacionales en la Universidad de San Diego, dijo que la decisión de la nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, de trasladar a los miembros de cárteles conllevaría normalmente un riesgo político. Pero Sheinbaum, quien goza de altos índices de aprobación en medio de una oleada de nacionalismo, puede tener la libertad de actuar con audacia, dijo.
“Es un momento decisivo”, dijo Edmonds-Poli. “Abre una puerta que antes estaba firmemente cerrada”.
El predecesor de Sheinbaum, Andrés Manuel López Obrador, intentó acabar con la violencia mediante una menor confrontación con los cárteles y abordando las causas profundas. Pero su estrategia, acuñada como “abrazos, no balazos”, ha perdido popularidad en México.
En cambio, Sheinbaum ha adoptado hasta ahora un enfoque decididamente más agresivo en la lucha contra los cárteles. Además de aprobar los traslados, ha enviado más de 10 mil soldados a la frontera estadounidense y a Sinaloa, un centro de tráfico de fentanilo donde su gobierno afirma haber realizado más de 900 detenciones desde octubre.
No está claro cómo responderá el gobierno mexicano si los fiscales estadounidenses solicitan la pena de muerte contra los miembros de los cárteles. Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), declaró a la prensa en México que los jefes de los cárteles no pueden ser ejecutados en Estados Unidos.
Claudia Sheinbaum y Joe Biden negociaron
Las negociaciones para enviar a los capos de la droga de México mediante este proceso simplificado comenzaron durante el gobierno de Joe Biden, según dos personas familiarizadas con las conversaciones. La Casa Blanca de Biden reanudó esas conversaciones con Sheinbaum cuando la presidenta asumió el cargo en octubre, y el acuerdo final del traslado fue negociado por el gobierno de Trump después del día de la toma de posesión.
“Es un cortocircuito de un importante procedimiento legal”, dijo Austin Sarat, profesor del Amherst College, quien ha estudiado la pena de muerte durante décadas. “Lo que Trump está haciendo es reiniciar la conversación en torno a la pena capital”.
Caro Quintero era una captura especialmente preciada para los fiscales estadounidenses. Fue condenado en México por orquestar la tortura y asesinato en 1985 de Enrique ‘Kiki’ Camarena, agente encubierto de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), que transformó la agencia y las relaciones entre Estados Unidos y México.
Caro Quintero cumplió décadas en una prisión mexicana, pero fue liberado en 2013 en plena noche gracias a un vacío legal. Fue recapturado por las autoridades mexicanas en 2022. Michael Vitaliano, abogado de Caro Quintero, dijo en un comunicado que, en caso de que su cliente se enfrentara a la pena de muerte, su equipo jurídico estaba “plenamente preparado para hacer frente a ese desafío procesal y sustantivamente”, desde “el momento de su captura y expulsión de México hasta el final del juicio”.
Podrían pasar meses antes de que los fiscales anuncien si solicitan la pena de muerte. Un portavoz del Distrito Este declinó hacer comentarios.
Obstáculos
Los fiscales tendrían primero que superar obstáculos, como una intensa revisión dentro de la oficina del Distrito Este y de un comité del Departamento de Justicia que estudia los casos de pena capital. Durante este tiempo, los abogados defensores pueden presentar apelaciones a los fiscales y luego al comité de Washington.
Los detractores de la pena de muerte llevan mucho tiempo señalando las disparidades raciales en su aplicación, junto con la cuestión moral más fundamental de si el Estado tiene derecho a quitar una vida.
Los críticos también han señalado el elevado precio de la administración de la pena de muerte, que puede ser decenas de miles de dólares más cara que la cadena perpetua, así como el hecho de que Estados Unidos ejecuta a muchas más personas que los países de su grupo. Entre los 38 países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, Estados Unidos y Japón son los dos únicos que aplican la pena de muerte.
Ken Montgomery, abogado de Vicente Carrillo Fuentes, miembro del Cártel de Juárez que podría enfrentarse a la pena de muerte, dijo en una entrevista que Estados Unidos no debería dedicarse a ejecutar personas. “Para una sociedad civilizada, no creo que ejecutar a personas sea nunca algo civilizado”, dijo.
Poco más de la mitad de los estadounidenses apoyan la pena de muerte, según una encuesta de octubre de Gallup, frente al 80 por ciento de hace tres décadas. A escala nacional, en Estados Unidos, se ejecutó a 25 personas en 2024, frente a 85 en 2000, según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte. El presidente Joe Biden, quien en 2020 hizo campaña por el fin de la pena capital, estableció una moratoria sobre las ejecuciones federales y conmutó las penas de 37 de los 40 reclusos condenados a muerte antes de dejar el cargo.
Por el contrario, Trump y sus aliados favorecen un enfoque más punitivo de la administración de justicia, y el propio político republicano alberga desde hace tiempo una afinidad por la pena de muerte. En 1989, publicó anuncios en la prensa pidiendo que el estado de Nueva York adoptara la pena de muerte tras el brutal ataque a una corredora en Central Park, por el que fueron condenados injustamente cinco adolescentes negros e hispanos. (Los anuncios no pedían directamente la ejecución de los adolescentes).
En enero, Trump firmó una orden ejecutiva que pedía la pena de muerte en los casos de “asesinato de un agente del orden” y de “un delito capital cometido por un extranjero presente ilegalmente en este país”.
