Amnistía Internacional (AI) aseguró que la estrategia del Gobierno de México para atender la “grave crisis” de desaparición de personas “carece de un enfoque integral” y no contempló un “diálogo constructivo” con los buscadores ciudadanos en el país.
“Las medidas anunciadas por el Gobierno mexicano para abordar la grave crisis de desaparición de personas en el país carecen de un enfoque integral y no fueron elaboradas mediante un diálogo constructivo con las colectivas de búsqueda”, señaló AI en un comunicado.
El posicionamiento de la organización ocurre tras la polémica del rancho Izaguirre en Jalisco, y unas horas después de que la presidenta Claudia Sheinbaum anunciara que presentará reformas para fortalecer la búsqueda de personas desaparecidas.
AI denunció que, tras los hallazgos realizados por grupos de buscadores, quienes detectaron fosas clandestinas y en Teuchitlán, Jalisco, y en Reynosa, Tamaulipas, estos colectivos han sido víctimas de amenazas de grupos criminales e, incluso, de agentes del Estado.
“Al respecto, Amnistía Internacional reitera su llamado para que el Estado mexicano adopte medidas urgentes que garanticen la seguridad e integridad de esas colectivas. Sus denuncias no pueden ser desoídas”, señaló.
Asimismo, ante el informe proporcionado por la Fiscalía General de la República (FGR), que confirmó restos humanos en Teuchitlán, además de irregularidades y omisiones de autoridades locales, llamó a los tres niveles de Gobierno a realizar una investigación “diligente, profesional y apegada a la ética”.
“Entre más tiempo transcurra, muchas pruebas pueden perderse”, advirtió.
Reiteró que estos hechos ejemplifican la grave crisis de derechos humanos del país, al recordar que el número de desaparecidos en México asciende a más de 124 mil personas, lo que significa que desaparecen alrededor de 30 personas diariamente.
Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional en México, señaló que, ante el anuncio presidencial de fortalecer la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), deben fortificar también las comisiones estatales, además de que el diálogo directo con las colectivas buscadoras “es imprescindible”.
Alertó de que no se ha renovado el Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda y pidió proteger a las personas buscadoras en todo el país, al garantizar sus derechos humanos.
También expresó su preocupación por la propuesta de Sheinbaum de crear una Base Nacional Única de Información Forense y la Plataforma Nacional de Identificación Humana, pues no se ha implementado el Banco de Datos Forenses contemplado ya por la ley y tampoco se ha especificado qué acciones habrá para garantizar ambas herramientas.
Finalmente, pidió no equiparar el delito de desaparición con el de secuestro, como propuso Sheinbaum, y rescatar el Centro Nacional de Identificación Humana (CNIH), cuya “reactivación debe contar con el presupuesto suficiente y el personal calificado”.
