Culiacán, Sinaloa (RI Noticias).– La Directora General del Instituto para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, Jenny Judith Bernal Arellano, informó que de septiembre de 2024 a febrero de 2025 dos periodistas han sido víctimas de la delincuencia organizada por lo que han tenido que sacarlos del estado como medida de protección.
La titular precisó que en estos 5 meses el Instituto han otorgado 333 medidas de protección, beneficiando a 94 personas, de las cuales 42 son periodistas, 35 son defensoras de derechos humanos, y 16 son familiares de los involucrados.
Bernal Arellano destacó que el Instituto sigue luchando por la creación de una fiscalía especializada en delitos contra periodistas.
En ese sentido, Bernal Arellano comento que las agresiones más comunes registradas destacan amenazas, ataques a medios de comunicación con armas de fuego, daños a vehículos, lesiones, privación de la libertad, censura, robo en viviendas, hostigamiento laboral y extorsión por lo que estas agresiones ponen en riesgo la labor periodística y la seguridad de quienes la ejercen.
Para proteger a los afectados, dijo el Instituto ha implementado medidas como apoyo económico, protección policial permanente, rondines de seguridad y, en algunos casos, el traslado de personas fuera del estado para salvaguardar su integridad.
“Desde que el Instituto entró funcione, son seis familias, dos periodistas, uno de Culiacán y otro de otro lugar del Estado, que no puede precisar, han sido temas de la delincuencia organizada:” dijo
En cuanto a la fiscalía especializada, Bernal Arellano señaló que el gobernador de Sinaloa se comprometió a asegurar los recursos necesarios para su creación, aunque aún no se ha especificado una fecha exacta.
A pesar de esto, la directora consideró que este compromiso es un gran avance en la protección de los periodistas y defensores de derechos humanos en el estado ya que uno de los principales problemas que enfrenta el sector, según explicó Bernal, es que muchos de los delitos contra periodistas no se clasifican adecuadamente como delitos contra la libertad de expresión, lo que complica su investigación y resolución.
Finalmente, dijo que el Instituto continuará trabajando en la implementación de acciones que garanticen la protección de los periodistas y defensores de derechos humanos, con el objetivo de reducir las agresiones y asegurar un entorno más seguro para la labor informativa en Sinaloa.
