La Ley del Infonavit avanzó en el Senado de la República, al ser aprobada en comisiones.
Las comisiones unidas de Reordenamiento Urbano y Vivienda, y Estudios Legislativos, avalaron la reforma con 18 votos a favor, 7 en contra y 2 abstenciones.
Senadores de oposición criticaron la creación de una empresa filial para la construcción de viviendas para arrendamiento social, al tiempo que cuestionaron el uso de recursos del Fondo Nacional de Vivienda.
Pese a las críticas, la Ley del Infonavit fue aprobada sin cambios, tal y como lo pidió la presidenta Claudia Sheinbaum.
Es muy importante que Infonavit ya tenga su nueva estructura, y la posibilidad de hacer viviendas, y que todos los deudores, los dos millones de deudores, puedan ver sus beneficios con esta ley”, puntualizó en su Mañanera del Pueblo.
La reforma modifica la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y la Ley Federal del Trabajo.
Se establece que el Consejo de Administración del Infonavit tendrá la atribución y facultad de aprobar anualmente el presupuesto de gastos de administración, operación y vigilancia del Instituto.
Además, el presupuesto de inversión en construcción, garantizando en todo momento que se destinen los recursos suficientes para el otorgamiento de crédito a las personas trabajadores derechohabientes, conforme al programa de inversión habitacional que la Asamblea General apruebe en el plan financiero de cada año.
Indica que los recursos del Instituto o bajo su administración se destinarán a la construcción de vivienda, por conducto de una empresa filial, para fomentar la oferta destinada al arrendamiento social o adquisición en favor de las personas trabajadoras derechohabientes, así como el desarrollo económico local y la generación de empleos.
Se señala que con el fin de que el Instituto destine los recursos que integran su patrimonio o que están bajo su administración a la consecución de sus objetivos, estarán sujetos a lo siguiente: la Asamblea General del Instituto deberá establecer las políticas de organización de la contabilidad y auditoría interna, conforme a las normas de información financiera vigentes y aplicables, observando su origen constitucional, regulación como organismo de servicio social, objeto, fines y, en general, el régimen interno previsto en la Ley.
