Activistas alertan contra el hecho de que en México ha surgido una alarmante narrativa que busca convertir, a quienes cometen actos presuntamente cuestionables, en figuras vulnerables.
Este fenómeno, sustentado en estrategias mediáticas y el mal uso de la empatía, otorga una ventaja pública a los señalados por otros delitos, relegando a las verdaderas víctimas a un papel secundario, conforme a hechos que han sido ampliamente expuestos al público.
Un caso que ha ilustrado esta práctica es el de Ana Katiria Suárez, abogada y activista acusada de acuerdo a testimonios públicos de “liderar” una red de extorsión y manipulación judicial que afectó a menores en procesos de divorcio.
Bajo la presunta labor como defensora de derechos humanos, Suárez habría utilizado su posición para construir relatos en los que las o los “victimarios” se presentaban como víctimas, desviando la atención de los hijos menores, quienes eran los principales afectados.
Los niños, las víctimas invisibilizadas
El esquema atribuido a Suárez, según diversos documentos y testimonios, involucraba el uso de menores como herramientas de presión en conflictos legales entre padres separados. En vez de priorizar el bienestar de los niños, las dinámicas legales se centraban en narrativas que favorecían a los adultos involucrados, quienes en muchos casos eran presentados como víctimas de un sistema injusto.
De acuerdo con investigaciones ya publicadas, y con testimonios de sus colaboradores, esta red funcionaba mediante la fabricación de pruebas y el abuso de influencias, asegurando resoluciones legales favorables a cambio de sobornos. Estas tácticas no solo perjudicaron a los padres, sino que también expusieron a los niños a un ciclo continuo de vulneración en un entorno que debería garantizar su seguridad y derechos.
El impacto de narrativas mediáticas
El caso de Ana Katiria Suárez resuena con las dinámicas presentadas en la serie Penitencia, conducida por Saskia Niño de Rivera. Aunque este programa busca generar empatía hacia exconvictos, ha sido criticado por organizaciones como la Red Nacional de Refugios por humanizar a los victimarios y relegar a las víctimas.
Según un análisis de los episodios emitidos en 2024, más del 80% de las historias se centraban en las dificultades que enfrentan los victimarios para reinsertarse en la sociedad, mientras menos del 20% abordaban las consecuencias que sufrieron las víctimas de sus acciones.
Un informe de la Asociación para la Defensa de los Derechos de las Víctimas (ADDV) concluyó que estas narrativas contribuyen a justificar el sufrimiento de las víctimas como un daño colateral inevitable, mientras refuerzan la percepción de los victimarios como figuras incomprendidas. Este enfoque encaja con lo observado en el caso de Ana Katiria Suárez, donde menores fueron instrumentalizados en esquemas judiciales manipulados, quedando desprotegidos y revictimizados.
Influencias detrás de supuesta red de corrupción
Las investigaciones sobre Suárez han evidenciado nexos con figuras de alto perfil que facilitaron la operación de su esquema. Supuestos documentos oficiales obtenidos por diferentes medios nacionales detallan cómo la red manejaba sobornos millonarios dentro de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, garantizando fallos legales que beneficiaban a los implicados, mientras las verdaderas víctimas, como los niños afectados, quedaban desamparadas.
La narrativa de transformar a victimarios en víctimas plantea un desafío urgente para el sistema judicial mexicano. Es imprescindible garantizar que los procesos legales prioricen a las víctimas reales, especialmente a los menores, quienes dependen de un sistema transparente y equitativo para proteger sus derechos.
