Luego que varios aspirantes a cargos en juego en las elecciones judiciales extraordinarias solicitaran al INE protección por temor a grupos del crimen organizado y la inseguridad en general, el INE buscará repetir el protocolo de Seguridad que acordó con las autoridades competentes durante la pasada elección presidencial y del Poder Legislativo.
Durante el año pasado, el INE instaló una mesa de diálogo con las dependencias que conformaban el gabinete de seguridad del entonces presidente López Obrador para establecer un protocolo de protección a candidaturas, pero también para dotar de seguridad a los trabajos previos del propio instituto y durante la jornada electoral.
Para 2025 se trataría de un esquema parecido, en el que las personas candidatas que requieran seguridad por parte de instancias del Estado mexicano, puedan solicitarla a través del INE para recibir protección.
Hay que recordar que en esta elección se votará por jueces y juezas, así como magistraturas, que tendrán en sus manos casos penales y que tienen que ver con grupos criminales.
Durante las pasadas elecciones, al menos 37 aspirantes fueron asesinados antes y durante las campañas, principalmente en el ámbito municipal y estatal.
En total se registraron 320 ataques a políticos, aspirantes, precandidatos, candidatos e inmuebles de dependencias.
En los últimos seis años se han registrado más de 140 asesinatos sólo de candidatos en todo el territorio nacional, con un promedio de 2 mil 220 ataques de diversos tipos como amenazas, asesinatos, atentados, secuestros y desapariciones a funcionarios públicos, autoridades electorales, familiares de candidatos o políticos, militantes de partidos y elementos de seguridad que no participaban en combates, según el conteo que lleva Votar entre Balas, del 1 de enero de 2018 al 23 de diciembre de 2024.
