Culiacán, Sin (RI Noticias).- Tras abrirse la convocatoria para elegir al nuevo personal titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), la Federación de Colegios y Asociaciones de Abogados de Sinaloa respaldó a Lucila Ayala de Moreschi para asumir la presidencia de esta institución.
Francisco Villarreal, presidente de los Colegios y Asociaciones de Abogados de Sinaloa, resaltó la destacada trayectoria académica y profesional de Ayala de Moreschi, quien dijo cuenta con un Doctorado, dos licenciaturas, tres maestrías y actualmente cursa una más en derechos humanos.
Villarreal también subrayó su amplia experiencia en el servicio público, específicamente como magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa, función que, según él, no representa un obstáculo para que se postule al cargo de presidenta de la CEDH.
El líder de los abogados en Sinaloa hizo un llamado al poder legislativo para que el proceso de selección del nuevo presidente de la CEDH sea transparente y apegado a los principios de capacidad, experiencia y preparación.
“Es fundamental que quien ocupe este cargo esté completamente capacitado para defender a quienes han sido víctimas de violaciones a sus derechos por parte de las autoridades”, expresó.
Asimismo, destacó que es momento de dar un espacio a las mujeres con la capacidad necesaria para enfrentar los desafíos en materia de derechos humanos en Sinaloa.
“Es tiempo de las mujeres. La doctora Ayala tiene la preparación y experiencia necesarias para enfrentar los retos de derechos humanos en el estado”, afirmó.
Los abogados también resaltaron la urgencia de fortalecer la CEDH para garantizar que sus acciones sean imparciales y eficaces, sobre todo en casos de violaciones a derechos humanos por parte de autoridades.
A pesar de que existen otros aspirantes al cargo, como Óscar Loza Ochoa y Gloria Himelda Félix Niebla, los abogados consideraron que Lucila Ayala de Moreschi es la opción más sólida, dada su formación y activismo.
Finalmente, Villarreal añadió que es necesario dar un giro a la operatividad de la CEDH, que ha sido percibida como pasiva y distante de las necesidades de la ciudadanía, en ocasiones respondiendo más a intereses de ciertos grupos y autoridades que a la protección efectiva de los derechos humanos.
