Culiacán, Sin (RI Noticias).-Luego de que el pasado 12 de noviembre el Pleno de la 65 Legislatura del Congreso de Sinaloa diera lectura a una iniciativa presentada por la RED de Abogados de Sinaloa que pretende establecer como delito la implementación de ponchallantas, José Luis López Enriquez, presidente de la asociación del Colegio de Abogados de Culiacán dijo es necesario de celeridad a esta petición para castigar a quienes usen o fabriquen estos artefactos.
El abogado comentó que la regulación de conductas ilícitas relacionadas con artefactos peligrosos ha cobrado mayor relevancia debido a su recurrencia, especialmente en un contexto de creciente inseguridad por ello urgente actuar de manera firme para prevenir que las personas que fabrican o comercializan estos objetos peligrosos sigan utilizándolos para cometer delitos.
“El objetivo es evitar que quienes infringen la ley, especialmente aquellos que venden y usan artefactos peligrosos, queden impunes. Hemos observado que muchos de estos artefactos terminan siendo utilizados para dañar vehículos y, de manera indirecta, a los ciudadanos, así como para evitar que los elementos de seguridad los alcancen tras persecuciones”, dijo.
López Enriquez dijo que el trabajo legislativo es complejo y que existen muchas prioridades, sin embargo recinoció que estén trabajando en esta propuesta que ellos presentaron hace seis meses, lo cual espera se continúe con su aprobación dado que el uso de estos objetos continúa aumentando.
“Sin una legislación adecuada, no podemos combatir eficazmente este tipo de delitos. Por eso, confiamos en que el Congreso del Estado dará celeridad a esta iniciativa, con el fin de fortalecer la seguridad pública y evitar que sigan ocurriendo daños a los ciudadanos, como es el caso de los ataques con artefactos que destruyen llantas y vehículos”, concluyó.
Cabe recordar que fue el mes de mayo del presente año que la Red de Abogados por la Legalidad y la Justicia Social de Sinaloa presentó ante el Congreso del Estado tipificar como delito el uso de ponchallantas y dispositivos similares.
La propuesta busca adicionar el artículo 264 Bis al código penal, estableciendo penas de cinco a ocho años de prisión y multas de 200 a 400 días de salario para quienes elaboren, posean o utilicen estos instrumentos peligrosos que dañan vehículos particulares u oficiales.