Las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tendrán una reducción salarial de casi el 50%, acordó el Pleno este 24 de octubre durante la sesión en la que fue aprobado el proyecto de presupuesto anual para el máximo tribunal, que a su vez presenta una disminución con relación al año actual para quedar en 5,922.9 millones de pesos.
La SCJN destacó la reducción en las remuneraciones de ministras, ministros y servidores públicos de mando, en cumplimiento del artículo Séptimo transitorio del mismo decreto.
Con 10 votos a favor, el Pleno determinó reducir de 5.5 millones de pesos de manera bruta, anual, a 2.8 millones para todos los integrantes del máximo tribunal. Fue la ministra Lenia Batres quien votó en contra al considerar que no la medida no es una austeridad real.
También otros 330 altos funcionarios del Consejo de la Judicatura Federal tendrán ajustes a la baja, señala el comunicado.
La ministra Lenia Batres Guadarrama acusó que la reducción salarial de los 11 ministros no cumple con la ley, pues seguirán percibiendo una cifra mayor a la de la presidenta de la República.
“Se mantiene la remuneración inconstitucional de ministros y ministras. No se transparenta la totalidad de conceptos que la integran. Se suprime únicamente el pago de riesgos y se siguen incluyendo conceptos expresamente prohibidos por la Ley”, acusó a través de sus redes sociales.
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó el proyecto de presupuesto para el año 2025, el cual será enviado al Ejecutivo Federal antes del 5 de noviembre.
El proyecto, presentado por la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández, refleja una disminución significativa del 23.7% en comparación con el presupuesto de 2018, señaló la SCJN.
Esta reducción se enmarca en una política de racionalidad y austeridad que la Corte ha implementado para mejorar la eficiencia del gasto, a pesar de los recortes presupuestarios realizados por la Cámara de Diputados en 2024, que fueron los más grandes en una década, alcanzando los 321.9 millones de pesos, detalló la Corte.
Para el próximo año, el presupuesto se ha diseñado a partir de un riguroso ejercicio de planeación y programación, identificando los recursos indispensables para cumplir con las responsabilidades del tribunal. De acuerdo con el proyecto, el 80% de los recursos solicitados se destinarán a servicios personales, ya que el capital humano es considerado clave para la impartición de justicia. De las 3,805 plazas vigentes, dos terceras partes corresponden a personal que realiza labores jurisdiccionales y de apoyo.
El presupuesto para servicios personales, que asciende a 4,813.2 millones de pesos, también refleja una disminución del 4.1% en términos reales respecto al año actual. Este ajuste busca garantizar el respeto a los derechos laborales de los servidores públicos, conforme a lo dispuesto en el artículo Décimo transitorio del Decreto de reforma al Poder Judicial.
La configuración del presupuesto se basa en la estructura organizacional actual de la Suprema Corte, considerando las necesidades operativas y posibles ajustes legislativos que puedan surgir durante el ejercicio fiscal. Este enfoque busca mantener la efectividad y contención del gasto, alineándose con los parámetros de austeridad aplicados desde 2023.
