Culiacán, Sin (Reacción Informativa).- Feliciano Castro Meléndrez, presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del H. Congreso del Estado de Sinaloa externó que la reforma a la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) es ineludible y tendrá que hacerse porque es necesario se armonice con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) y la Ley General de Educación Superior (LGES).
El diputado subrayó que la Ley Orgánica de la UAS está obsoleta debido a fue aprobada en 2006 y solo tiene una reforma del 2013 que se hizo para asegurar la reelección del rector.
“Se hizo una reforma al artículo tercero constitucional y otras reformas a la propia Constitución que deben expresarse en la Ley Orgánica de la UAS”. En 2018 se inició una transformación de la vida pública de México y por ende de los roles de las instituciones de educación pública y a partir de esto se hace necesario reformar la Ley Orgánica de la UAS”, aseveró.
Asimismo, expuso que hacer la reforma a la Ley Orgánica de la UAS le corresponde al Congreso del Estado de Sinaloa de acuerdo a lo que establece el artículo 43 fracción 2 de la Constitución Política de Sinaloa, para atender obligadamente lo que establecen el artículo tercero constitucional y la Ley General de Educación Superior.
En ese sentido el Congreso del Estado retiró el recurso de revisión de la sentencia de amparo concedida a la UAS en torno a cinco artículos de la Ley de Educación Superior del Estado de Sinaloa y a partir de ese momento no existe impedimento legal para avanzar hacia la reforma de la Ley Orgánica de la UAS.
Feliciano Castro refrendó la invitación a un diálogo respetuoso. “Sentémonos a platicar, no veo ningún inconveniente, en todo caso, que nos digan cuál es el inconveniente, estamos dispuestos a dar pasos hacia adelante”, expresó. “Seguimos insistiendo, voluntad política tenemos”.
Finalmente dijo que el Presidente de México Andrés Manuel López Obrador planteó el diálogo en el marco de la ley y con respeto a la autonomía, sin solapar la corrupción al aclarar que en la mesa de diálogo no entran los procesos penales.
