Pese a que en los comicios del pasado dos de junio fueron postuladas mil 212 candidaturas LGBTTTIQ+, a escala federal y local, los partidos políticos no los apoyaron con financiamiento, capacitación o estructura para que pudieran contender en condiciones de equidad.
De acuerdo con el informe preelectoral Voto por la igualdad MX, realizado por la organización Yaaj, las candidaturas postuladas representan 2.79% de todas las que fueron registradas para obtener algún cargo de elección popular de los 20 mil que se renovaron el 2 de junio último.
En entrevista con Proceso, Miguel Fuentes, coordinador de investigaciones de Yaaj, comentó que, según los resultados preliminares dados a conocer por el Instituto Nacional Electoral (INE), ninguna de las candidaturas LGBTTTIQ+ obtuvo una curul o cargo a nivel federal y las legisladoras federales que pertenecían a la legislatura saliente –Salma Luévano y María Clemente, de Morena, y María Fernanda Félix, de MC– no recibieron el apoyo de su partido para obtener la reelección o buscar otro puesto político.
“Los partidos políticos postulaban a personas LGBT a puestos que no podían ganar porque estaban controlados por otros partidos, personas muy poco visibles o que no se les entrenaba y, por otro lado,
Eran candidaturas a las que no se les dio financiamiento, entonces hacer campaña o precampaña sin dinero, si no tienes una dinastía política, si no vienes de esos políticos, si estás empezando, o sea, es muy difícil, entonces sí vemos muchas fotos de grupos de personas LGBTI+ más candidatas, haciendo campaña e intentando impulsar una agenda común, pero la realidad es que los partidos no se comprometieron realmente.
Refirió que esto es una inclusión a medias porque el simple hecho de presentar una candidatura LGBTI+ puede tener un costo político y aunque los liderazgos de los partidos apoyan estas candidaturas abiertamente y hacen agenda, ese costo fue asumido. Sin embargo, esto no fue suficiente porque al no apoyar con dinero e infraestructura esas campañas o precampañas implica que no asumieron los costos adicionales.
“Es apantallante tener en una imagen de un periódico 15 o 20 candidaturas LGBT+ en un partido, cuando detrás de cámaras sabemos que la realidad es que se quedó ahí; sí hubo un impulso inicial, pero después se les hizo competir por su cuenta”, apuntó.
Destacó que en la Ciudad de México una candidatura no fue acompañada con financiamiento ni estructura, pero después se le ofreció una suplencia aunque su fórmula no ganó; este caso sirve de ejemplo de que en algunos partidos sí hubo negociaciones para que las personas LGBT estuvieran aunque sea detrás.
De igual modo, comentó que de cara a la elección del pasado 2 de junio, por primera vez, los candidatos presidenciales tuvieron abiertamente propuestas LGBT+, escenario que refleja que el voto de la diversidad sexual pesa cada vez más y el creciente reconocimiento de que México es muy diverso.
“Este es el primer año en el que las tres candidaturas presidenciales tienen abiertamente propuestas LGBT+, eso no se había visto antes, es insuficiente porque sabemos que ya una vez ganados los comicios se queda muy corto el cumplimiento de propuestas, pero sí es cierto que cada vez más se reconoce la necesidad de incluir a poblaciones históricamente marginadas y vulneradas y una de ellas es la población LGBTI+”, enfatizó.
“Hemos mostrado con los años que acompañamos de la mano otras causas y otras luchas, acompañamos a personas indígenas y afrodescendientes dentro de las cuales también hay personas LGBT+, las causas de las personas que viven con discapacidad, las causas de las personas migrantes, de las mujeres cisgénero, de las personas adultas mayores porque creo que se empieza a dar cuenta la gente que somos más que nuestra orientación sexual y nuestra identidad de género.
“El tipo de marchas que ahora vemos, incluso con su bloque disidente, reconocen que nos atraviesan tantas otras vulnerabilidades en este país, y creo que eso es algo que también empieza a ver la política”.
El reporte de Yaaj analizó 130 mil 290 propuestas realizadas por todas las candidaturas locales y federales, no solo las LGBTI+, de las cuales solamente dos mil 469 mencionan a las personas que pertenecen a este sector e incluso estas las separan del resto de la población, por lo que el avance en este sentido aunque es importante, también se queda corto.
“Hablan de mujeres y personas LGBT como si no hubiera mujeres lesbianas, bisexuales y trans; hablan de migrantes, pero no de migrantes LGBT que dejan Centroamérica para venir a México huyendo porque les quieren matar por ser LGBT y son migrantes; no hablan de personas indígenas como las muxes que entran dentro del paraguas de mujeres trans y no se mencionan estas intersecciones, pero creo que es algo que cada vez más se va a ir reconociendo, sí ha habido un avance muy importante, pero todavía se queda corto”, precisó.
De las mil 212 candidaturas LGBTTTIQ+ solo 380 mencionan “LGBT”, es decir, que la mayoría de las propuestas en favor de la comunidad (dos mil 469 en total), fueron de personas que no pertenecen a ella.
Sobre la agenda legislativa de la comunidad LGBTTTIQ+ que quedó pendiente al concluir la pasada Legislatura, Miguel Fuentes comentó que esta no se detiene.
“Si bien no tenemos representación a escala federal, que claramente nos ayudaría y claramente abogaría por nosotres y abriría esos espacios nos traería a la mesa, no está todo perdido porque hemos visto en el pasado alianzas con personas fuera de nuestra comunidad que están ahí para defendernos porque cumplen con esas propuestas de campaña.
“Además, vemos la experiencia de los activismos locales y federales para empujar nuestras agendas y sabemos que ya desde la precampaña y en la campaña hay perfiles que quieren abogar por nuestras causas, no solo las nuestras, pero dentro de ellas, de las cuales nos podemos apoyar y que es a quienes tenemos que acercarnos una vez que sean electas”, confió.
Detalló que en temas de salud el desabasto fue un problema que también azotó a la comunidad LGBTI+, principalmente a la que vive con VIH, con cáncer o que están sujetos a tratamientos hormonales, pues sus integrantes muchas veces no tienen seguridad social, se les discrimina en las instituciones de salud, por lo que la agenda para garantizar el acceso a medicamentos y servicios de salud en todo el país, ha quedado pendiente.
Así como la posibilidad de impulsar una ley integral de salud para personas Trans, para garantizar un servicio no solo integral, sino actualizado, pues, pese a que existe un protocolo de atención para personas trans, muchas veces es ignorado por los hospitales al considerar que no tiene validez legal.
“En términos más allá de lo legislativo, en política pública, una vez que hemos pasado esta ley de terapias de conversión a escala federal, ahora falta hacer política pública que la acompañe (porque) si no, es una ley inoperante.
“Queda pendiente que ahora que ya están tipificadas las terapias de conversión, que sea una agravante el hecho de que se quiera considerar a una persona como enferma por su orientación sexual o su identidad de género, que el sistema judicial entienda que hay una ley”, expuso.
Agregó que no se llegará a un juicio “si el sistema judicial no entiende lo que es una terapia de conversión porque no va a llegar tu papá con el juez a decir que sí quiso cambiar tu orientación sexual o que te metió electroshocks para ello, porque muchas veces es tan sutil y encuentran tantas formas de disfrazarlo como terapias o exorcismo, que puede cambiar la perspectiva ante un juzgado”.
Avances con riesgos
El peso creciente del voto LGBTTTIQ+ ha puesto en riesgo las candidaturas de esta comunidad, pues la experiencia de los últimos años ha evidenciado que se deben fijar límites para evitar casos de usurpación de espacios bajo el paraguas que brinda el derecho a la autoidentificación.
De acuerdo con el estudio de Yaaj, Michoacán fue el segundo estado que postuló más candidaturas LGBTTIQ+, pero también fue en el que se presentaron más casos de usurpación.
“Encontramos que de las personas electas de la comunidad LGBTTTIQ+, hubo ocho hombres en el estado de Michoacán que se registraron como mujeres trans de los cuales no tenemos suficiente información para saber si han hecho activismo por la comunidad, si abiertamente habían hablado de ser mujeres trans, incluso muchas de estas personas en sus sitios web se nombran en masculino…
“Pese a ello, el instituto electoral del estado determinó que quitarles la candidatura sería una violación al derecho a la autoidentificación y autodeterminación, por lo que no solamente determinó que se les tiene que respetar como mujeres trans, sino que también cuentan como cuota trans”, recordó.
Aunque esas candidaturas de Michoacán ya fueron impugnadas, el Tribunal Electoral del Estado también las avaló y el riesgo de intentar llevar el caso a escala federal implica un riesgo muy alto de someter a una autoridad que responda quién tiene derecho a llamarse a sí mismo una persona trans, explicó Fuentes.
“Volveríamos a patologizar que una persona trans tenga que tener cierto cuerpo, tenga que haber ciertas formas, que necesites ciertos documentos, cuando no se han logrado vencer esas barreras en muchos estados”, aclaró.
