La eliminación de la prisión preventiva oficiosa implicaría la posible liberación de 68 mil presuntos delincuentes, argumentó la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Luisa María Alcalde, en defensa a una medida cautelar que ha sido cuestionada por organismos internacionales.
Alcalde advirtió este martes durante la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tiene contemplado discutir en los próximos días la medida que está contemplada en el artículo 19 de la Constitución.
Según la secretaria, la medida “impactaría a la posible liberación de 68 mil presuntos delincuentes bajo prisión preventiva oficiosa”, entre los que se encuentran 11 mil acusados de homicidio, 7 mil de secuestro, 5 mil de violación y 4 de narcotráfico y narcomenudeo, entre otros.
Asimismo, la titular de la Segob argumentó que eliminar la prisión preventiva oficiosa representa un posible “riesgo” a las víctimas, policías y la población en general.
“[La SCJN] no sólo se excede en sus facultades, pretende tomar una decisión sin dimensionar lo que esto significa para la paz y seguridad de nuestro país”, acusó Alcalde.
No obstante, la secretaria reconoció que la discusión en el Máximo Tribunal se da a partir de la resolución que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“No puede reconocer resoluciones de organismos internacionales cuando esté de por medio la seguridad del Estado, el orden público o cualquier otro interés general de la nación”.
Ante esto, el gabinete de seguridad de AMLO envió una carta a la presidenta de la SCJN, Norma Piña, pronunciándose en contra de su eliminación.
La prisión preventiva oficiosa fue introducida al artículo 19 de la Constitución en 2008 y expandida en 2019, para contemplar 16 delitos distintos. Estipula que toda persona vinculada a proceso por alguno de estos crímenes deberá pasar su proceso en prisión hasta que un juez dicte su sentencia.
Previamente, organizaciones han denunciado que dichas figuras no garantizan que las víctimas accedan a la justicia, sino que fomenta la reclusión a partir de falsas presunciones o falta de pruebas suficientes.
Además, señalan que, debido a la prisión preventiva oficiosa, ha aumentado la cantidad de personas privadas de la libertad sin sentencia. Igualmente, sostienen que esta medida vulnera los derechos a la libertad, control judicial y presunción de inocencia.
Incluso la CIDH se ha pronunciado en dos ocasiones en contra de la medida, debido a las afectaciones que puede implicar contra los derechos humanos de las personas.
